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El viceportavoz parlamentario del Partido Popular de Castilla-La Mancha en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno Moya, en rueda de prensa.

REMITIDA / HANDOUT por PP
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29/8/2023

El viceportavoz parlamentario del Partido Popular de C-LM en las Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno MoyaPP

El PP denuncia que el nuevo mapa sanitario de Castilla-La Mancha pone en riesgo los PAC de once municipios

El cambio normativo publicado en el DOCM genera dudas jurídicas y malestar en la oposición

El PP de Castilla-La Mancha ha alertado de que una modificación del mapa sanitario de la región publicada «con agosticidad» por el Gobierno autonómico en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) podría afectar hasta a once Puntos de Atención Continuada (PAC) de la Comunidad Autónoma disminuyendo su rango normativo.

De esta manera, según ha señalado este martes en rueda de prensa el diputado del PP en las Cortes regionales Juan Antonio Moreno Moya, con esta modificación, los PAC pasarían de conseguirse por rango normativo a hacerlo por una decisión administrativa.

Este paso administrativo se atribuye al director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), según los 'populares', que con su «firma» podría decidir «donde hay o no un PAC».

Es por ello que el parlamentario asegura que en el PP albergan «muchas dudas» sobre esta iniciativa del Ejecutivo castellanomanchego y por ello están analizando las «consecuencias jurídicas» que pudiera tener el documento.

Moreno Moya ha explicado que los municipios afectados son Molinicos, en la provincia de Albacete; Alamillo, Viso del Marqués, Albadalejo y Villanueva de la Fuente, en Ciudad Real; Villanueva de la Jara, Campillo y Horcajo de Santiago, en Cuenca; y Almonacid de Zorita, Tamajón y Budia en la provincia de Guadalajara.

«Le vamos a exigir al Gobierno de Emiliano García-Page una aclaración vía DOCM», ha avanzado el diputado, que ha insistido en que quieren saber «por qué se disminuye el rango normativo para los PAC y se pasa a que dependa de una decisión administrativa, con la consiguiente desprotección jurídica para los ayuntamientos afectados y la desprotección sanitaria para los municipios».

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