Amianto
El peligro invisible que sigue sobre Cuenca: tres años sin el censo obligatorio del amianto
El PP llevará al pleno una moción para exigir al Gobierno municipal la elaboración urgente del mapa de instalaciones con amianto y un calendario para su retirada
Cuenca sigue sin tener un mapa claro de uno de esos peligros que no hacen ruido, no ocupan titulares cada día y, sin embargo, pueden permanecer durante décadas sobre tejados, bajantes, depósitos o viejas cubiertas de fibrocemento. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca llevará al próximo pleno ordinario una moción para exigir al equipo de Gobierno la elaboración y ejecución inmediata del censo municipal de instalaciones y emplazamientos con amianto, una obligación legal que, según denuncian, acumula ya tres años de retraso.
El concejal del PP Agustín Segarra ha calificado la situación de «inadmisible» y ha recordado que la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular fijaba como fecha límite el 10 de abril de 2023 para que los ayuntamientos elaborasen ese inventario. Sin embargo, según el Grupo Popular, Cuenca llega a 2026 sin haber cumplido todavía con ese mandato.
«Nos encontramos ya en el ejercicio 2026 y no existe margen para seguir demorando el cumplimiento de una normativa estatal que busca, por encima de todo, proteger la salud de los conquenses», ha señalado Segarra.
Un material prohibido, pero todavía presente
El amianto fue durante décadas un material habitual en la construcción por su resistencia y bajo coste. El problema es que su presencia sigue siendo hoy una preocupación sanitaria allí donde permanece instalado, especialmente cuando los materiales que lo contienen se deterioran, se manipulan o se rompen.
En Cuenca, según ha advertido el PP, todavía puede encontrarse en numerosas cubiertas de fibrocemento, bajantes y depósitos. Por eso, los populares consideran urgente que el Ayuntamiento identifique con precisión los puntos afectados, determine su nivel de riesgo y establezca un calendario realista para proceder a su retirada.
La moción que el Grupo Municipal Popular llevará al pleno plantea que el censo se finalice y apruebe en un plazo máximo de seis meses. Ese documento, defienden, debe presentarse ante el pleno municipal y servir como herramienta para conocer qué infraestructuras locales están afectadas y cuáles deben abordarse primero en función del posible riesgo para la población.
Un calendario y dinero en el presupuesto
La propuesta del PP no se limita a pedir un listado de edificios o emplazamientos. También reclama que el censo vaya acompañado de un calendario vinculante para retirar el amianto y de una partida económica específica y suficiente en el Presupuesto Municipal de 2026.
El objetivo, según los populares, es que el Ayuntamiento pueda actuar cuanto antes en los emplazamientos considerados más críticos y no dejar el problema reducido a un documento administrativo sin consecuencias prácticas.
Para el Grupo Municipal Popular, la elaboración del censo debe ser el primer paso de una estrategia más amplia que permita retirar progresivamente este material de los espacios donde todavía siga presente. A su juicio, el retraso acumulado obliga ahora a actuar con más rapidez y con una planificación clara.
El PP pide buscar financiación en todas las administraciones
La moción también insta al equipo de Gobierno de Darío Dolz a llamar a las puertas de otras administraciones para conseguir financiación. En concreto, el PP pide al Ayuntamiento que solicite ayudas y líneas de apoyo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial, el Gobierno de España y la Unión Europea.
Los populares consideran que la retirada del amianto no puede depender únicamente de los recursos municipales y que existen vías de financiación que el Consistorio debe explorar para acelerar los trabajos.
Con esta iniciativa, el PP pretende que el pleno fuerce al Gobierno municipal a poner fecha a una tarea pendiente desde hace años. Una obligación que, según recuerdan, no tiene solo una dimensión administrativa, sino también sanitaria y medioambiental.
Cuenca decidirá ahora en el pleno si avanza hacia ese censo del amianto que la ley exige desde 2023 y que, según denuncia el principal grupo de la oposición, continúa sin estar aprobado tres años después.
