No a las plantas de biogás
Portazo al biometano en Castilla-La Mancha: los pueblos podrán bloquear las plantas que no quieran
La reforma ambiental entra en vigor este viernes y obliga a los proyectos a contar con el respaldo del pleno municipal, salvo que la Junta los declare estratégicos
Castilla-La Mancha cambia desde este viernes las reglas del juego para las plantas de biometano. Los ayuntamientos tendrán capacidad para frenar la tramitación de aquellos proyectos que pretendan instalarse en sus términos municipales sin contar con su respaldo.
La reforma de la Ley de Evaluación Ambiental ha sido publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y entrará en vigor hoy, viernes 24 de julio. El cambio convierte el pronunciamiento de los plenos municipales en un paso imprescindible para que una planta pueda seguir avanzando.
La medida fue aprobada la pasada semana por las Cortes regionales con los votos de la mayoría socialista y el rechazo de PP y Vox, en un momento marcado por la proliferación de proyectos de biometano y la contestación vecinal surgida en diferentes municipios de la región.
El pleno tendrá que dar su aprobación
Cuando el ayuntamiento actúe como órgano sustantivo, deberá convocar un pleno antes de remitir la documentación al órgano ambiental. En esa sesión, los concejales tendrán que pronunciarse expresamente sobre el proyecto y decidir si prestan su conformidad para continuar con la tramitación.
Si el pleno rechaza la planta, el acuerdo tendrá que estar debidamente motivado y el procedimiento quedará paralizado. De esta manera, la oposición municipal dejará de ser una simple declaración política y tendrá consecuencias directas sobre el futuro de la instalación.
Si el proyecto recibe el visto bueno, los técnicos municipales deberán emitir informes sobre su compatibilidad con el planeamiento urbanístico, su impacto social y económico y los posibles efectos acumulativos con otras instalaciones proyectadas o existentes en la zona.
El consistorio tendrá que enviar al órgano ambiental el certificado del acuerdo plenario, el informe de compatibilidad urbanística y el análisis socioeconómico antes de que el expediente pueda continuar.
La participación municipal será obligatoria incluso cuando el ayuntamiento no sea el órgano encargado de autorizar la actuación. En esos casos, el municipio deberá ser consultado y su pleno también tendrá que pronunciarse formalmente.
La Junta conservará una última baza
La capacidad de bloqueo de los ayuntamientos tendrá, sin embargo, una excepción importante. Si el Consejo de Gobierno declara el proyecto como inversión estratégica, la tramitación podrá continuar pese al rechazo del pleno municipal.
Este resquicio fue uno de los principales argumentos utilizados por la oposición para votar contra la reforma. El PP considera que el Ejecutivo de Page traslada a alcaldes y concejales una responsabilidad que debería asumir la Junta, mientras que Vox alerta de un aumento de la burocracia y de posibles conflictos cuando una planta afecte a varios municipios.
La entrada en vigor de la nueva norma confirma el cambio adelantado por El Debate. Desde este viernes, las plantas de biometano necesitarán algo más que informes técnicos y autorizaciones ambientales: deberán superar también el veredicto político del municipio en el que quieran instalarse.