No a las plantas de biogás
Los pueblos de C-LM podrán tumbar las plantas de biometano que no quieran instalar en su territorio
Castilla-La Mancha cambia su ley ambiental para que una negativa motivada del pleno municipal ponga fin a la tramitación del proyecto
Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha podrán frenar la instalación de plantas de biometano en sus términos municipales. Las Cortes regionales han aprobado una modificación de la legislación ambiental que obliga a los plenos locales a pronunciarse expresamente sobre estos proyectos y otorga efectos directos a su decisión.
La reforma de la Ley de Evaluación Ambiental ha salido adelante con los votos de la mayoría socialista y el rechazo de PP y Vox, en plena polémica por la proliferación de iniciativas de biometano en diferentes puntos de la región.
Hasta ahora, los consistorios intervenían principalmente mediante informes urbanísticos y técnicos. Con el nuevo sistema, cada pleno municipal deberá mostrar formalmente su conformidad o su oposición a la planta proyectada.
Cuando el ayuntamiento respalde la instalación, el procedimiento ambiental podrá continuar. Sin embargo, si el pleno rechaza el proyecto mediante una decisión motivada, la tramitación finalizará y la planta no podrá ejecutarse en los términos presentados.
El diputado socialista Francisco Barato defiende que la modificación permite pasar de una participación municipal meramente informativa a una intervención «clara, formal y efectiva».
A su juicio, deben ser los municipios afectados por el tráfico de camiones, los posibles olores, los accesos y el impacto sobre la agricultura, la ganadería y el territorio los que tengan capacidad real para decidir.
El PP denuncia un «escudo político»
El Partido Popular acusa al Gobierno regional de trasladar a los 919 municipios de Castilla-La Mancha una responsabilidad que corresponde a la Administración autonómica.
El diputado Santiago Lucas-Torres asegura que la Junta pretende utilizar a alcaldes y concejales como «escudo político» para evitar el desgaste que provoca la aprobación o el rechazo de estas instalaciones.
El PP también advierte de que muchos pequeños municipios carecen de técnicos y recursos suficientes para analizar proyectos de esta complejidad. Además, denuncia que el Consejo de Gobierno podría sortear un rechazo municipal si declara la iniciativa inversión estratégica.
Vox, por su parte, sostiene que la reforma aumentará la burocracia y puede generar conflictos cuando una misma instalación afecte a dos localidades y sus respectivos plenos adopten decisiones diferentes.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, rechaza estas críticas y defiende que los ayuntamientos podrán solicitar asesoramiento tanto a las diputaciones provinciales como al Gobierno autonómico.
Según Gómez, numerosos municipios esperaban esta modificación «como agua de mayo» para poder aceptar o rechazar las plantas de biometano proyectadas en su territorio.
