Planta de biogás
El decreto del biometano desata 5.400 alegaciones en Castilla-La Mancha y se asoma a los tribunales
La plataforma STOP Biometano CLM, integrada por 46 colectivos, exige la retirada de la norma, plantea doce alternativas y advierte de que acudirá a la Justicia si la Junta no rectifica
El decreto con el que el Gobierno de García-Page pretende regular la transformación de residuos orgánicos en biometano afronta una fuerte contestación social. La plataforma regional STOP Biometano CLM ha presentado más de 5.400 alegaciones contra la norma y ha reclamado su nulidad al considerar que impulsa un modelo de desarrollo agroenergético «insostenible» y «especulativo».
Representantes de la plataforma y del Partido Verde Verdes-Equo Castilla-La Mancha han expuesto sus principales objeciones al texto preparado por el Ejecutivo autonómico. Los colectivos han advertido de que el conflicto podría terminar en los tribunales si el Gobierno regional no modifica su postura.
Según los datos aportados, alrededor de un centenar de plantas de biometano se encontrarían en diferentes fases de tramitación o instalación en Castilla-La Mancha. Actualmente, siempre de acuerdo con la plataforma, existen tres instalaciones activas: una en Balsa de Ves, en Albacete; otra en Noez-Casas Buenas, en Toledo; y una tercera en Belinchón, en Cuenca.
Una reunión con García-Page
STOP Biometano CLM solicita una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, para trasladarle directamente su rechazo al decreto y explicarle las consecuencias que, a su juicio, tendría la expansión de estas instalaciones por el territorio.
Los colectivos también piden a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que mantenga un diálogo más frecuente con las plataformas vecinales. Le reprochan que se haya reunido en más ocasiones con empresas gasísticas y constructoras que con los vecinos afectados por los proyectos.
«Estas plantas suponen un desafío gravísimo para nuestra tierra. No las queremos, ni siquiera queremos el decreto tal como ha sido planteado», ha afirmado Rafael Ruiz, representante de la Plataforma Ciudadana STOP Biometano de Torralba de Calatrava.
Ruiz sostiene que la norma contiene «muchísimos elementos que generan inseguridad jurídica» y que podrían convertirse en motivos suficientes para solicitar su anulación.
Impacto sobre los municipios
Entre las alegaciones presentadas, la plataforma denuncia que algunos proyectos pretenden implantarse pese al rechazo expresado en los municipios afectados. Los colectivos califican el modelo de «antisocial, antipopular y antidemocrático» porque, según afirman, se está promoviendo «en contra de la voluntad de los pueblos».
También aseguran que estas instalaciones pueden provocar malos olores y generar impactos sobre la flora, la fauna, el paisaje y la calidad de vida de los vecinos. Se trata de argumentos incluidos por las organizaciones en sus alegaciones al decreto regional.
La plataforma, que agrupa ya a 46 colectivos de distintos puntos de Castilla-La Mancha, no se limita a reclamar la retirada de la norma. Sus integrantes aseguran estar trabajando en doce métodos alternativos para gestionar los residuos orgánicos mediante un modelo diferente al planteado por el Gobierno autonómico.
STOP Biometano CLM mantiene así abierto el pulso con la Junta y deja sobre la mesa la posibilidad de recurrir a los tribunales si el Ejecutivo de García-Page no revisa un decreto que ha provocado ya la presentación de más de 5.400 alegaciones.