Page, a la gresca con Sánchez por los centros de datos, amenaza con acudir a los tribunales

Emiliano García-Page está dispuesto a trasladar a los tribunales su rechazo al plan del Gobierno de Pedro Sánchez para endurecer las condiciones de implantación de los grandes centros de datos. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que la Junta presentará alegaciones contra el proyecto de real decreto y ha dejado abierta la vía judicial si el Ejecutivo central mantiene su actual planteamiento.

«Vamos a presentar alegaciones esta semana y, eventualmente, iremos a los tribunales», ha advertido García-Page.

El origen del enfrentamiento está en el proyecto normativo con el que el Gobierno pretende regular los requisitos energéticos, medioambientales y de soberanía digital aplicables a estas infraestructuras. La propuesta afectará especialmente a los centros con una potencia eléctrica superior a un megavatio y condicionará sus derechos de acceso y conexión a la red.

Entre las obligaciones más exigentes figura que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80 % de la electricidad que consuman. Cada nuevo megavatio demandado tendría que ir acompañado de otro megavatio renovable instalado en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del complejo.

El borrador también incorpora requisitos de eficiencia energética y consumo de agua, además de condiciones relacionadas con la soberanía digital. El incumplimiento podría provocar recargos en los peajes eléctricos y, en último término, la pérdida de los derechos de acceso y conexión.

«Ponemos el territorio y el esfuerzo»

Page considera que este modelo puede perjudicar a comunidades que, como Castilla-La Mancha, han realizado una fuerte apuesta por la generación renovable con la expectativa de atraer inversiones industriales vinculadas a esa energía.

«Si nosotros ponemos la cama, el territorio, el esfuerzo y la burocracia, pensando que cada vez que ponemos una placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria vinculada a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar la instalación de cualquier centro de datos?», cuestionaba.

El presidente regional rechaza que Castilla-La Mancha asuma el impacto territorial y administrativo de producir energía mientras queda al margen de las decisiones sobre los proyectos capaces de generar empleo y actividad económica.

«¿Por qué nosotros tenemos que facilitar la producción de la energía y tenemos que ver que no decidimos ni opinamos siquiera sobre las instalaciones empresariales que dejan empleo y riqueza?», insistía.

Page califica de «bastante dramático» para la cohesión territorial que el mapa industrial español pueda diseñarse separando los lugares donde se genera la energía de aquellos en los que finalmente se concentra la inversión.

También ha expresado abiertamente su desconfianza hacia el criterio que pueda aplicar el Ejecutivo central. «Me podrán decir muchas cosas, pero tonto no me considero. Confío muy poco en que el Gobierno de España, a la hora de decidir dónde se instalan los centros y las empresas, elija Castilla-La Mancha», afirmaba.

El dirigente socialista llega incluso a confiar en que los socios independentistas de Sánchez terminen frenando la iniciativa. «Confío en que los independentistas, que son los que mandan, lo terminen tumbando», ironizaba.

El proyecto de Meta, en el horizonte

La batalla tiene una relevancia especial para Castilla-La Mancha por el futuro campus de datos de Meta en Talavera de la Reina, uno de los mayores proyectos tecnológicos previstos en la comunidad.

La Consejería de Fomento aprobó definitivamente el pasado 7 de agosto la reparcelación de los terrenos del Proyecto de Singular Interés, una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 21 de agosto. La actuación se desarrollará en la segunda fase del polígono de Torrehierro y contempla una inversión privada de 750 millones de euros.

El proyecto dio otro paso a comienzos de septiembre, cuando Zarza Networks, filial de Meta, constituyó la garantía urbanística vinculada a la monetización del 49 % del aprovechamiento municipal. Con la ordenación del suelo concluida, la compañía puede avanzar en la presentación de los proyectos constructivos y en la solicitud de las correspondientes licencias de obra.

El borrador estatal concede un periodo de seis meses para que los centros de datos que ya se encuentren en tramitación acrediten el cumplimiento de los nuevos requisitos. Este escenario explica la preocupación de una comunidad que se presenta como una de las grandes productoras de energía limpia de España y que aspira a convertir esa ventaja en inversiones, actividad económica y puestos de trabajo.

Page sostiene que cerca del 90 % de la energía consumida en Castilla-La Mancha procede ya de fuentes renovables. Una posición que, a su juicio, debería otorgar a la región capacidad para atraer la industria asociada a esa producción. El futuro decreto ha convertido ahora esa aspiración en un nuevo pulso político con el Gobierno de Sánchez.