(Foto de ARCHIVO) Cosechadora
Asaja rompe con la Junta de C-LM y abandona el Consejo de Medio Ambiente en el debate por la Ley de Montes
La Consejería de Desarrollo Sostenible se niega a escuchar a los colectivos profesionales del campo y plantea una modificación que podría acabar con parte de las cosechas en Castilla-La Mancha
La Junta de Castilla-La Mancha de la mano de su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, suma un nuevo revés a una lista casi interminable.
Tras el horror en la gestión de los incendios de este verano, con La Mierla batiendo el récord regional con 32.000 hectáreas calcinadas, la plaga de conejos o el empeño por acabar con los pueblos llenándolos de plantas de biogás, Gómez ve cómo los profesionales del campo la abandonan.
La semana comenzó con la reunión del Consejo Asesor de Medioambiente con muchos temas por tratar, algunos de vital importancia para el campo regional ante una situación asfixiante. Sus representantes de Asaja solo pidieron una condición para el encuentro y no fue otro que el correspondiente a la retirada del punto del día referido a la modificación de la Ley de Monte y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha.
La Junta se plantó en la reunión con el punto a debatir, desoyendo la petición de Asaja, que no ha aguantado más, tras repetidos desplantes al colectivo. Sus representantes, el presidente de Asaja C-LM, José María Fresneda, y el vicepresidente, Juan José Laso, han abandonado el órgano como muestra del rechazo al proceder de la Junta, que no atiende una nueva petición de Asaja.
Asaja abandona
El presidente de Asaja, José María Fresneda
Fresneda explicaba que abandonaban el CAMA al considerar que la propuesta se presenta de «forma precipitada» y tras desaprobar la petición realizada para su exclusión dentro del orden del día. Asaja insistía en dar más tiempo para debatir la modificación de la ley para analizar consecuencias y poder construir una nueva propuesta sumando los pareces de las diferentes organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha.
La Junta prefiere hacer las cosas rápido sin conocer los pormenores de su campo y Asaja no ha podido aguantar más. Fresneda señalaba que «el Gobierno regional vuelve a utilizar como justificación lo establecido en la Ley de Montes estatal, una norma que ya fue modificada en 2022. No existe, por tanto, ninguna modificación reciente de la normativa nacional que justifique o exija este cambio en la legislación de Castilla-La Mancha. El argumento no se sostiene y parece más orientado a lanzar un titular a la opinión pública que a responder a una verdadera exigencia legal»
¿Prohibición de cosechas?
La organización denuncia que «se pretende, por primera vez en España, introducir por ley una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP sea naranja o rojo».
Desde la modificación de la Ley Nacional de Montes en 2022, las regiones se comprometían al desarrollo de planes de prevención con límites, usos y actividades permitidas en las zonas con IPP naranja y rojo.
Ahora, según Asaja, la Junta pretende «endurecerla y eliminar la posibilidad de que los Planes de Prevención de Castilla-La Mancha establezcan un marco específico y diferenciado para las labores agrícolas o para las campañas de cosecha, atendiendo a sus características y necesidades».
Esta decisión supone, por tanto, un cambio sustancial respecto al modelo previsto por la normativa estatal. «Castilla-La Mancha optaría por convertir en una prohibición legal lo que la legislación estatal plantea como una cuestión a desarrollar y regular mediante los instrumentos de prevención autonómicos», alertan desde Asaja.
Agricultores en el punto de mira
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez
La organización en representación del campo lamenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha no sea consciente de las «consecuencias extraordinariamente graves» que esta decisión puede acarrear. Sobre todo, preocupan las explotaciones agrícolas, especialmente para aquellas dedicadas a cereales y otros cultivos herbáceos, que necesitan realizar la cosecha dentro de unas ventanas temporales muy concretas.
«El agricultor sigue estando en el punto de mira de la Consejería de Desarrollo Sostenible. No podemos participar en un órgano en el que se pretende avanzar en una modificación de estas características sin haber escuchado previamente al sector y sin haber estudiado suficientemente sus consecuencias», ha señalado Fresneda.
Para la organización, lo ocurrido con la convocatoria del CAMA «evidencia una falta de diálogo por parte del Gobierno regional y una forma de proceder que considera inaceptable cuando están en juego decisiones con un impacto directo sobre la actividad y la viabilidad de miles de explotaciones».
