El desigual reparto de menas que indigna a Castilla y León: tendrá que acoger un 300 % más y Cataluña un 5 %

El reparto de menores extranjeros no acompañados impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha causado un fuerte malestar en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, que ve un claro agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas. Y es que, según lamentan desde la Junta presidida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, mientras su región deberá aumentar en un 300 % sus plazas para los menas, Cataluña deberá tan solo aumentar este cupo un 5 %.

En este contexto, en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, el Gobierno autonómico castellanoleonés ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional ante el Real Decreto-Ley 2/2025 que, a su juicio, «establece de manera unilateral, forzosa y discrecional el reparto de menores no acompañados que arriban a Canarias, Ceuta y Melilla». El Ejecutivo de Mañueco entiende que se vulneran hasta diez artículos de la Constitución Española por siete causas diferentes, más allá de la disparidad de las cifras.

De acuerdo con el documento de trabajo de la Conferencia Sectorial celebrada el mes pasado, consultado por El Debate, la región castellanoleonesa tendrá que acoger a 763 de estos menores inmigrantes. Actualmente, según la tabla de las distintas comunidades autónomas, ya alberga a 198, por lo que deberá elevar en 565 estas plazas. Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León precisan a este diario que en realidad el dato actualizado es de 178 menas acogidos.

«Nuestro sistema de protección cuenta con 130 plazas específicas por lo que hay menores que están en plazas llamadas 'ordinarias'. Y por eso decimos que nuestro sistema de protección está sobrepasado. Aquí hay plazas específicas porque se considera que estos menores cuentan con otras necesidades diferentes a los menores de Castilla y León como es el idioma», indican las mismas fuentes. Respecto a Cataluña, la comunidad presidida por el socialista Salvador Illa tendrá que acoger a 2.583 menas, apenas 136 más de los actuales 2.447, en lo que desde las comunidades gobernadas por el PP han denunciado como un trato de favor por el apoyo al Gobierno de Sánchez por parte de Junts.

En este sentido, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, denunciaba este jueves que el Gobierno «tenía una decisión pactada con algún partido separatista para transferir competencias del Estado a una comunidad en materia de migración». «Si esas competencias fueran ejercidas de forma adecuada, no hubiéramos llegado a la situación que tenemos en este momento», añadía el portavoz del Gobierno castellanoleonés.

En todo caso, el recurso de la Junta ante el TC se fundamenta principalmente en «la invasión de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre una materia tan sensible como la protección y tutela de los menores», en lo que consideran una transgresión. Desde el Gobierno castellano y leonés creen que esa «vulneración» no debe ampararse en la competencia estatal de migración y extranjería, puesto que el objetivo principal del Real Decreto es repartir a los menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas, «adulterando» así el régimen competencial constitucional.

«Además, en este contexto, la situación se agrava al realizar el reparto mediante la imposición de un protocolo de actuaciones a realizar con motivo del traslado de estos menores», añaden desde el Gobierno de Mañueco en un comunicado en el que apuntan a que también se estaría viendo dañado el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, «ya que el Gobierno de España fuerza el incremento de personas atendidas de manera obligatoria por el sistema de acogida castellano y leonés, pero no establece ninguna vía de financiación de esta asistencia». «Es decir, la Comunidad debe hacerse cargo económicamente de todos los gastos relativos al acogimiento de estos menores», precisan.

Asimismo, señalan que esta situación no será la misma en todas las comunidades autónomas, con algunas que sí tendrán financiación íntegra y otras, como Castilla y León, que no. «Esto va de la mano también del desequilibrado reparto de menores entre territorios. En conjunto, supone un agravio comparativo que causa perjuicio financiero a unas comunidades frente a otras», abundan.

El recurso también incluye la quiebra de los principios de colaboración, cooperación y coordinación entre el Estado y del principio de lealtad institucional y la «intrusión de una norma ordinaria como es un Real Decreto-Ley en materias reservadas a una Ley Orgánica y la inexistencia de justificación por parte del Gobierno central de la situación extraordinaria y urgente necesidad establecida en la Constitución para poder aprobar una norma con rango de ley por la vía rápida».

Desde el PSOE, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ironizaba al anuncio del recurso ante el TC con que «que el Partido Popular lo recurra es normal. Es el Partido Popular, son las políticas de la derecha tan cercanas y tan indistinguibles de las políticas de la ultraderecha». Desde el Gobierno de Mañueco, sin embargo, indicaban que «queremos seguir siendo una comunidad solidaria, pero en el plano de la igualdad y el acuerdo, y no de la imposición del Gobierno o de la insolidaridad en la aplicación de estas medidas», en palabras de Fernández Carriedo.