El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la sesión de control del martesMiriam Chacón

PP y Vox logran ponerse de acuerdo para rechazar el «arbitrario» reparto de inmigrantes en Castilla y León

El PP tumba cinco de las seis propuestas de una moción de su antiguo socio por su enfoque «alarmista» y Vox los acusa de «mercadear votos»

A la gresca, pero las grandes fuerzas de derecha han conseguido ponerse de acuerdo sobre las políticas de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque solo sea en una cosa. Las Cortes aprobaron este martes en el pleno con los votos de PP y Vox instar a la Junta a no aceptar el reparto «arbitrario» de inmigrantes llegados ilegalmente a España, así como a adoptar las acciones legales contra cualquier resolución fruto de los pactos al respecto entre PSOE y los partidos separatistas.

Los socialistas y el resto de la oposición votaron en contra, salvo los dos procuradores no adscritos –Ana Rosa Hernando y Javier Teira– que se abstuvieron en la votación realizada en la Cámara autonómica, en Valladolid.

Los 'populares' dieron su apoyo sólo a este punto y rechazaron los otros cinco de la moción de Vox. El proponente Miguel Suárez Arca exigió a la Junta que haga de una «maldita vez su trabajo» con los menores extranjeros no acompañados (menas) y acusó a los dirigentes del PP de «mercadear votos con la tragedia ajena».

Tras rechazar el «falsario eufemismo de los niños y las niñas», defendió que en un 95 % son varones y añadió que en algunas comunidades la mitad o más son mayores de edad, al tiempo que añadió que la cifra de delincuencia es superior entre la población extranjera. También, aseguró que va a salirle a Castilla y León «demasiado caro la bromita de los niños y las niñas», pese a que la Junta calcule que supone como 100 euros al día por individuo.

El 'popular' Emilio Berzosa manifestó el rechazo de su Grupo a la iniciativa por partir de un enfoque «alarmista y alejado» de la realidad, y señaló que no van a permitir que el «miedo y demagogia» de Vox desvirtué el «trabajo serio y responsable» de la Junta en una tierra «solidaria», «responsable» e «inclusiva». Además, rechazó el reparto impuesto por el Gobierno, pero sin dejar de cumplir la «obligación» de proteger a los menores, sean nacionales o extranjeros.

La socialista Soraya Blázquez aseguró que es «inaceptable» el «racismo» que a su juicio muestra Vox hacia los menos no acompañados, que señaló llegan a España en una situación de vulnerabilidad. Además, defendió la distribución entre las comunidades para «humanizar» la acogida y darles protección con el fin de evitar el «caos» y que caigan en manos de «mafias». «Son personas, son niños y niñas que han vivido situaciones muy difíciles», dijo.

El portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, llamó «pesados» a los dirigentes de Vox por llevar este asunto a las Cortes por «enésima vez». A su juicio, la inmigración es un elemento «consustancial» a la naturaleza humana y les preguntó si se pueden parar las olas del mar. «No se pueden poner puertas al campo», les espetó frente a «tanta propaganda».

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que es más costoso para el erario público mantener a una «sanguijuela» y «haragán» como el presidente de Vox, Santiago Abascal, que a su juicio lleva toda su vida «chupando del bote», que acoger a un menor no acompañado. Por ello, rechazó la iniciativa que tildó de «basura», «racista» y «xenófoba», por esparcir «odio y aporofobia».

Finalmente, el procurador del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos Francisco Igea, que fue vicepresidente de la Junta, rechazó la iniciativa y advirtió a los dirigentes de Vox de que están pidiendo retirar los fondos a entidades como a la «Santa Madre Iglesia», por lo que señaló después no van a poder «procesionar».