El pueblo de Valladolid que revela cómo Sánchez permite a la Sareb ejercer de oficina para legalizar okupas

Arroyo de la Encomienda, una ciudad dormitorio de Valladolid de unos 20.000 habitantes se ha convertido en el paradigma de una práctica llevada a cabo por la Sareb, participada al 45 % por el Estado a través del FROB. Según denuncian los vecinos afectados, el conocido popularmente como «banco malo» premia a los okupas regularizando su situación, en vez de expulsarlos de las viviendas usurpadas a la sociedad semipública.

«No podemos seguir siendo testigos de la legalización de las okupaciones mediante la entrega de las viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza, camuflándolo en la supuesta vulnerabilidad social de quienes se dedican a atentar contra la seguridad, la convivencia y el bienestar de quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones», apuntaban los vecinos hace unos días a Diario de Valladolid, en una información recogida por El Debate.

El Partido Popular de Valladolid ha denunciado la opacidad y la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez con la okupación ilegal en esta localidad vallisoletana, donde los vecinos aseguran que casi la mitad de unas 200 viviendas están okupadas sin título alguno, muchas de ellas propiedad de la Sareb, entidad bajo control estatal, como apuntan en un comunicado de prensa.

En el mismo, los 'populares' señalan que «un Gobierno no puede convertir a la Sareb en una oficina de regularizar okupaciones». «Quien paga su casa y respeta la ley merece protección, no agravio. Sánchez debe explicar ya por qué se está premiando la ilegalidad en Arroyo de la Encomienda», ha advertido sobre este enquistado asunto la diputada nacional del PP Mercedes Cantalapiedra.

Asimismo, los parlamentarios vallisoletanos han registrado iniciativas en ambas Cámaras para que el Gobierno detalle si ha permitido o impulsado la cesión y regularización de viviendas previamente okupadas. También exigen que la Sareb pague de forma inmediata la deuda superior a 50.000 euros que mantiene con la comunidad de propietarios afectada y que se publiquen los criterios utilizados.

El Gobierno de Sánchez protege al okupa y castiga al que paga. En Arroyo de la Encomienda hay miedo e inseguridad por su inacciónJosé Ángel AlonsoSenador del PP

«Basta ya de cuentos: el Gobierno de Sánchez protege al okupa y castiga al que paga. En Arroyo de la Encomienda hay miedo e inseguridad por su inacción. Desde el Senado vamos a seguir presentando las iniciativas necesarias hasta que se frene este despropósito», ha apuntado, por su parte, el senador 'popular' José Ángel Alonso.

El PP de Valladolid, además, muestra su total apoyo a los vecinos de Arroyovereda, la urbanización afectada. Estos han iniciado una recogida de firmas para exigir soluciones inmediatas. Y es que los residentes insisten en que el problema de fondo es que las viviendas afectadas pertenecen a la Sareb, que está regularizando la situación de los usurpadores de las casas mediante la concesión de alquileres sociales, como admitía la propia empresa en un comunicado recogido por este diario.

Así, el PP reclama al Gobierno «el cese inmediato de cualquier cesión de viviendas okupadas, transparencia total, garantías de seguridad y convivencia para los vecinos y reformas legales ágiles que permitan desalojos en horas y eviten el efecto llamada».

Para el PP, la solución a este problema es la llamada Ley Feijóo Antiokupación, que presentaron en el Senado hace más de un año. Según aseguran en el comunicado, con esta norma sería posible desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas. A juicio de los 'populares' se trata de una ley «de sentido común que sigue paralizada en el Congreso por decisión de la presidenta socialista Francina Armengol, con 54 prórrogas al inicio del trámite de enmiendas desde su entrada en la Cámara Baja en febrero de 2024».

«Es una vergüenza que el PSOE bloquee el debate de una ley que permitiría atajar un problema real que afecta a miles de familias en España, también aquí, en nuestra provincia vallisoletana, como demuestra el caso de Arroyo de la Encomienda», ha denunciado Alonso. El senador también ha lamentado «el uso partidista que hace Hacienda y el Gobierno del Congreso de los Diputados».

La portavoz del PP de Arroyo, Marta Sanz, cree que los vecinos «llevan demasiado tiempo viviendo con miedo, inseguridad y abandono institucional» y «necesitan una solución urgente»

Marta Sanz, portavoz del PP en el municipio del alfoz vallisoletano, ha apuntado por su parte que «desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda siempre hemos estado al lado de nuestros vecinos, apoyándoles en esta situación tan injusta y exigiendo soluciones desde el primer momento». «No se puede normalizar la okupación ni premiar a quien vulnera la ley. Estas familias llevan demasiado tiempo viviendo con miedo, inseguridad y abandono institucional. Necesitan una solución urgente, y la merecen», ha insistido.

«Mientras Sánchez blanquea a los okupas, el PP de Valladolid está con los vecinos que pagan, respetan y trabajan», ha concluido en el escrito el presidente de la formación y presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

La Sareb justifica sus medidas en que cuando recibieron las viviendas ya estaban okupadas. El «banco malo» afirma que desde entonces ha analizado «caso a caso la situación de las personas que habitan sin título esas viviendas». «Este trabajo se ha saldado con la presentación de 44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos y/o no vulnerables», aseguraron hace unos meses en un comunicado.

6.000 alquileres sociales

En el mismo, la Sareb refiere que también se ha subrogado en los alquileres considerados vigentes por el Juzgado y que había firmado un alquiler social con acompañamiento y, «en principio, ha detectado vulnerabilidad en otros 15 casos». Esta situación solivianta a los residentes que sí pagan por sus viviendas y que se tienen que enfrentar a problemas de seguridad y convivencia.

Según un informe de la propia Sareb publicado hace ahora año y medio, entonces tenía 3.600 viviendas con okupas no vulnerables o que evitaban regularizar su situación en España y, asimismo, había firmado hasta aquella fecha 6.000 alquileres sociales en el conjunto del país.