Un pueblo de Valladolid estalla contra la Sareb por legalizar okupas: «Premia al que infringe la ley»

Casi la mitad de los 200 pisos de una urbanización de Valladolid están okupados y los vecinos denuncian que viven atemorizados, en una situación que se prolonga en el tiempo durante más de dos años. Para más inri, el problema es que las viviendas pertenecen a la Sareb –el conocido como 'banco malo'–, que está regularizando la situación de los usurpadores de las casas concediéndoles alquileres sociales.

«Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí», considera el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, localidad limítrofe con la capital vallisoletana y donde se encuentra este grave foco de okupación, en la urbanización Arroyovereda.

Desde el Consistorio arroyano, gobernado por Independientes por Arroyo (IPAE), se oponen frontalmente a la política llevada a cabo por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. El pasado octubre el Ayuntamiento mantuvo un encuentro con representantes de la Sareb para tratar la problemática en torno a los inmuebles de la calle Narciso Monturiol, «la mayor parte de las cuales están pendientes de que los juzgados de Valladolid dictaminen su desalojo», según señaló entonces el Gobierno municipal.

«Hemos dejado muy claro que el Ayuntamiento se opone a que se legalice a ningún okupa a través de estos alquileres sociales promovidos por el Sareb», apuntó el Consistorio, que recordó que ya hubo una moción en esa línea respaldada por la mayoría absoluta del Pleno. «Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza, okupándolas», insistieron desde el Ayuntamiento.

44 denuncias

El Ejecutivo local le explicó entonces a la empresa, participada al 45 % por el Estado a través del FROB, que la convivencia estaba «muy afectada, con frecuentes intervenciones de la Policía Local y con problemas que muchas veces se silencian por el miedo que tienen muchos vecinos a estos okupas». «La comunidad Arroyovereda no necesita alquileres sociales, lo que hace falta es seguir trabajando de la mano de los juzgados y las fuerzas de seguridad para ir desalojando y asegurando esas viviendas para que no vuelvan a okuparse; y que los jueces sean sensibles con esta situación, que no olviden quiénes son los verdaderos vulnerables», concluyeron.

Desde la Sareb, por su parte, se justificaron con que cuando la sociedad recibió las viviendas, éstas ya estaban «habitadas de manera irregular y desde entonces ha analizado caso a caso la situación de las personas que habitan sin título esas viviendas». «Este trabajo se ha saldado con la presentación de 44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos y/o no vulnerables. La compañía también se ha subrogado en los alquileres considerados vigentes por el Juzgado. Además, ha firmado un alquiler social con acompañamiento y, en principio, ha detectado vulnerabilidad en otros 15 casos», abundaron.

«La compañía no seguiría adelante con la firma de estos alquileres sociales e iniciaría el procedimiento judicial para recuperar la posesión de las viviendas en cualquiera de los siguientes supuestos: si los Servicios Sociales de dicho Consistorio certifican formalmente, en referencia a cada vivienda concreta, que sus respectivos residentes no son vulnerables; o bien aportan un informe policial que acredite que son conflictivos; o bien, alternativamente, facilitan una solución habitacional para las familias afectadas», indicaron entonces.

Según le afeó el alcalde de Arroyo, Sarbelio Fernández, al 'banco malo', «parece haberse convertido en una suerte de inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin, obviando el daño que causan al resto de propietarios; los legítimos, los que pagaron y pagan por vivir allí». Sin embargo, la situación está, meses después, muy lejos de solucionarse.

Es una anomalía de nuestro sistema democrático premiar a unas personas que accedieron a estas viviendas por la fuerzaVecinos de Arroyovereda

Es por ello que los vecinos afectados acaban de lanzar una recogida de firmas. «Es una anomalía de nuestro sistema democrático premiar a unas personas que accedieron a estas viviendas por la fuerza sin respetar ningún procedimiento y que no cumplen con las normas más básicas de convivencia, mientras que el resto de propietarios e inquilinos nos vemos obligados a vivir sometidos y atemorizados por ellos», lamentan los vecinos, en declaraciones recogidas por Diario de Valladolid.

«No podemos seguir siendo testigos de la legalización de las okupaciones mediante la entrega de las viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza, camuflándolo en la supuesta vulnerabilidad social de quienes se dedican a atentar contra la seguridad, la convivencia y el bienestar de quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones», critican, según recoge el citado periódico, desde donde puntualizan que los okupas «son los delincuentes» y ellos «los vulnerables y las únicas víctimas de esta situación para la que no vemos ninguna solución».

Leyes que protegen a los okupas

Mientras tanto, se ven obligados a sufrir problemas de convivencia de todo tipo, como que los okupan aparquen sus vehículos en medio de dos plazas, que instalen piscinas en los patios y terrazas, o que la piscina comunitaria y la pista de pádel tengan que estar cerradas con candado, como repasan en su escrito de recogida de firmas, donde cargan contra las leyes de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Exigimos al Gobierno un cambio urgente en su política de vivienda que hoy protege al que incumple y okupa, y que abandona al que respeta la ley. No regalen viviendas a personas que se saltaron el sistema de protección social español y que eligieron el camino de la okupación», afirman. Por último, también instan a la Justicia a que «agilice los procesos de desahucio para que las okupaciones no se conviertan en residencias permanentes al margen del sistema social».