El exjefe de Industria acusa al presunto cabecilla de la trama eólica de imponer un listado de parques para autorizar

Nueva sesión del juicio de la 'trama eólica', el mayor caso de corrupción de Castilla y León. El exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos entre 2003 y 2024, Mariano Muñoz Fernández, ha asegurado que el entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, puso en sus manos en marzo de 2005 un papel con un listado de parques eólicos que había que aprobar obligatoriamente, excluyendo a otros que llevaban mucho tiempo de tramitación y estaban a las puertas de recibir el visto bueno, fundamentalmente debido a que los promotores de esos proyectos había cedido a la obligación de incorporar en su accionariado a empresas locales.

La declaración del testigo, en la quinta jornada del juicio en la Audiencia de Valladolid por la 'trama eólica', ha venido a cimentar la tesis de las acusaciones de que el principal aludido, Rafael Delgado, comenzó a 'teledirigir' la planificación de parques eólicos en Castilla y León tras cambiar las reglas del juego en la tramitación una vez que a partir de la instrucción 2/2004 de la Dirección General de Energía y Minas que instauró la figura de la avocación y le confirió facultades para autorizar los parques, algo que hasta entonces estaba en manos de los jefes de los servicios territoriales de Industria.

Así, el que fue jefe de este servicio en Burgos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que esa avocación, un «absoluto cambio competencial» que él considera innecesario por no «añadir nada» a la operativa que regía, se justificó en que «ellos», en referencia a Delgado, «tenía una visión más de conjunto por el interés general de Castilla y León y que se propiciaba de este modo la participación de socios locales y porque tenían mejor conocimiento de la red eléctrica».

En ese contexto, el testigo ha enmarcado la reunión a la que fue citado el 30 de marzo de 2005 en la Consejería de Economía, en Valladolid, en la que Delgado le hizo entrega de un papel con más de cuarenta parques, «sin firma ni sello oficial», que recogía los que se iban a avocar y que «había que tramitar», excluyendo a otros que, como así ha denunciado Muñoz, llevaban mucho tiempo de tramitación, habían superado todas las fases y estaban a las puertas de obtener la autorización.

El exresponsable de Industria en Burgos, «el díscolo de los jefes de servicio», protestó porque en ese listado no aparecían los parques de Cantiruela y Las Pardas, promovidos por Ibervento, y para él dicha situación era un «verdadero problema» porque sus promotores no cesaban de llamarle por el retraso y al final terminaron por denunciarle penalmente, denuncia que más tarde quedó archivada. «Al ver que esos parques no estaban incluidos me quejé, claro, pero Delgado me dijo que como había alemanes tras ellos no podía darlos de paso porque si no le cortaban la cabeza. Hasta el propio consejero lo dijo en las Cortes en 2006».

Sus quejas no tuvieron éxito y, de hecho, el testigo recuerda que la reunión adquirió tintes de gran tensión. «Delgado se puso tenso y me dijo que no los iba autorizar y punto y que me callara la boca», ha asegurado Muñoz, quien ha añadido que si hubiera sido por él, de no haber existido ese instrumento de la avocación, habría autorizado sin problema alguno los parques promovidos por Ibervento y sus socios alemanes.

En su declaración, el testigo también ha indicado que cuando pedía explicaciones a los entonces director del EREN y el jefe de Eólicas, Ricardo González Mantero y Tomás Ciria, respectivamente, ambos le invitaban a hablar con «el vice, el jefe o los jefes».

«Yo solo ponía la firma»

La primera en declarar en esta nueva jornada ha sido la exviceconsejera de Economía de Castilla y León entre 20027 y 2015, Begoña Hernández, sucesora del principal inculpado, Rafael Delgado. Durante el interrogatorio al que ha sido sometida, la testigo se ha desmarcado de los hechos investigados y ha reiterado que su actuación se ciñó a estampar su firma en las autorizaciones de parques eólicos, «como final de un acto administrativo que ya había sido validado previamente por los Servicios Jurídicos y la Dirección General de Energía y Minas».

La testigo, quien fue condenada a dos años y dos meses de inhabilitación por delito continuado de prevaricación administrativa en la causa conocida de 'La Perla Negra', ha explicado que la planificación de los parques eólicos la llevaba directamente «en la práctica» su predecesor en el puesto e incluso también cuando éste, en 2007, pasó a desempeñar el cargo de secretario general de la Consejería de Economía.

«A mi me llegaban los portafirmas y yo ponía la firma final como acto administrativo debido. Mi participación era el punto y final. Ni he adelantado ni retrasado ningún trámite, me he limitado a seguir el trámite administrativo de la forma más pulcra», ha insistido Hernández, quien también ha sostenido que no tuvo conocimiento de que para la autorización de los proyectos comenzó a imponerse a los promotores la obligación de dar entrada en el accionariado a empresarios locales a partir de la instrucción 2/2004 de la Dirección General de Energía y Minas que estableció la figura de la avocación.

En concreto, se trata de una herramienta que atribuía al entonces viceconsejero de Economía la facultad de autorización que hasta entonces estaba en manos de los servicios territoriales de Industria y en la que, como así ha precisado, no tuvo participación alguna.

Por ello, Begoña Hernández ha afirmado con rotundidad que no dio orden alguna para que los promotores dieran entrada en sus parques eólicos a socios locales, «¡taxativamente no!», ha espetado, como también ha asegurado no estar al corriente del accionariado que componía cada una de las mercantiles impulsoras de dichos aerogeneradores, ni siquiera que Grupo San Cayetano (con sus dos propietarios, los hoy acusados Alberto y Francisco Esgueva), con los que compartió banquillo en la causa de 'La Perla' formara parte de alguna de ellas. Ha recordado el nombre de Alberto por su vinculación con San Cayetano, si bien en el caso de su hermano Francisco, el nombre de éste se lo ha tenido que refrescar el Fiscal Anticorrupción.

Declaración de Ayuste Cupido

Tras su interrogatorio, las partes han tomado declaración al que fuera jefe del Departamento de Energías Renovables entre 2000 y 2009 en el Ente Regional de la Energía, Rafael Ayuste Cupido, quien, a preguntas sobre si era necesaria la polémica figura de la avocación que ponía en manos del viceconsejero de Economía la facultad de autorizar los parques eólicos, ha discrepado con respecto a lo anteriormente declarado por otros funcionarios lo veían innecesario al entender que «había cierta lógica ante la necesidad, técnicamente, de centralizar la toma de decisiones» ante la avalancha de peticiones en aquella época.

El testigo ha explicado que su cometido consistía en dar el visto bueno a los informes de competencia territorial, junto con el entonces jefe de Eólicas, Tomás Ciria, y ha recordado que fue entre finales de 2004 y principios de 2005 cuando se tomó la decisión de cambiar el criterio de la ventaja socioeconómica y se impuso a los promotores la obligación de incorporar a socios locales. La orden se la transmitió el director del EREN, Ricardo González Mantero, que previamente la había recibido de Rafael Delgado, si bien desconoce «por encima de ellos» quién fue el artífice de ese cambio de criterio.

«La orden era la de facilitar la entrada de empresas regionales en los parques a través de Iberdrola», ha precisado Ayuste, quien ha reconocido que él mismo se encargó de trasladar a los promotores la citada obligación. «Esto no es una idea nuestra», en referencia al EREN, es la advertencia que Ayuste ha recordado que trasladó a los promotores.

La jornada, que ha contado también con el testimonio del exingeniero en el Servicio Territorial de Industria de Soria entre 1975 y 2010, Abelardo Modrego Val, cuyo testimonio ha sido irrelevante, continua esta tarde al no haber concluido el interrogatorio al jefe de Industria de Burgos.