14 acusados, 11.000 folios y 80 millones en mordidas: arranca el juicio por el mayor caso de corrupción en Castilla y León

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid inicia este lunes, 15 de septiembre, el macrojuicio por la denominada 'trama eólica' que, a lo largo de 43 semanas y hasta el próximo mes de enero de 2026, sentará en el banquillo a un total de 14 personas relacionadas con el proceso de tramitación de parques eólicos en Castilla y León, a raíz de las supuestas presiones sufridas por las mercantiles promotoras para dar entrada en su accionariado a empresas locales como condición 'sine qua non' para que su autorización administrativa obtuviera el visto bueno de la Administración regional.

Tras el último macrojucio por 'La Perla Negra', la presenta causa –consta de más de 11.000 folios– llega a juicio tras pasar por Instrucción 4 y en la misma figuran tres de los condenados en la primera, como es el caso del exviceconsejero y exsecreario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva, quienes ya fueron condenados a dos años y seis meses, once meses y siete meses de cárcel, respectivamente.

La primera de las jornadas y la del martes –la cobertura informativa se llevará a cabo mediante una señal institucional distribuida solo para medios acreditados a través de YouTube– están reservadas a la fase de cuestiones previas y posibles conformidades, mientras que la prueba testifical se iniciará el día 6 de octubre. Aunque inicialmente figuraban en la causa 16 personas, uno de ellos ha sido excluido finalmente por razones de salud (el empresario Marc Nodelar) y otro de ellos, Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, se encuentra ya fallecido.

Además del las acusaciones que ejercen el Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado, figuran también como acusadores Ecologistas en Acción, en calidad de acusación popular, así como otras seis más particulares en representación de las empresas perjudicadas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las peticiones de cárcel suman 138 años y las multas, 850 millones

En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura de juicio oral contra inicialmente los 16 acusados (reducidos a 14 tras la muerte de dos de ellos), cuyas peticiones de penas suman 138 años de cárcel –ahora rebajadas a 123,5 años tras la exclusión de dos de los imputados– y 850 millones de euros de multas. En aquel auto, el magistrado, además de decretar la apertura del juicio, les dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir esos más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno de ellos, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.

El escrito, como solicitaba la Fiscalía, también señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al exviceconsejero y secretario general de Economía, el citado Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto de algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.

La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.

En la lista figuran otros ocho con seis años de cárcel de petición de pena, como Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, de Ibercyl, con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a ocho millones, mientras que para María del Mar Moreno, exesposa de Alberto Esgueva, interesa cuatros años de cárcel y 215.000 euros.

La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.

De este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, a través de un plan supuestamente ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola.

Exigían la participación local

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Con el fin de lograr su propósito, Rafael Delgado, siempre según el auto del instructor, indicó al director general de Energía y Minas, el ya fallecido Manuel Ordóñez, que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales, a quienes correspondía legalmente, y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas.

Hasta que no estaba garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización, Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

Los 47 millones de Alberto Esgueva

Entre los más beneficiados figura el empresario Alberto Esgueva, quien a raíz de un convenio suscrito en 2004 entre San Cayetano Wind SL. e Iberdrola le reportó nada menos que 47 millones de euros, y ello a cambio solo de una mínima inversión de 24.000 euros tras vender a la eléctrica su participación en Energía Global Castellana.

Instrucción 4 abrió en su momento una investigación sobre supuestas 'mordidas' por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad en el periodo 2000-2015. En esas pesquisas llegó a figurar investigada una veintena de personas, entre ex altos cargos de la Junta, técnicos y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal