El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este miércoles, en las Cortes
El final del juicio por el mayor caso de corrupción en Castilla y León le estallará a la Junta en precampaña
Un total de 14 personas se sentarán en el banquillo de los acusados en el macroproceso por la 'trama eólica', que se extenderá 43 semanas y coincidirá con la cuenta atrás para las elecciones autonómicas
Los incendios forestales que han calcinado parte de Castilla y León este verano están centrando las críticas de la oposición al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco durante las últimas semanas. Sin embargo, la pólvora es difícil que aguante sin mojarse de aquí a los próximos comicios.
Los grupos políticos que integran las Cortes han dejado en barbecho un tema que, sin embargo, a partir de los próximos días va a marcar en buena parte la actualidad política en la comunidad autónoma y que, en este caso sí, puede aguantar como la principal munición contra la Junta de cara a las elecciones: el mayor caso de corrupción de la historia de la comunidad autónoma.
El próximo lunes dará comienzo el macrojuicio de la denominada 'trama eólica', en el que se sentarán en el banquillo de los acusados 14 personas y que se prolongará en el tiempo durante 43 semanas. Esto es, hasta el próximo mes de enero, justo cuando está previsto que Mañueco llame a los castellanoleoneses a las urnas, que se dispondrán en los colegios electorales en marzo.
De esta manera, el resultado del juicio, que salpicará al Ejecutivo castellanoleonés, aunque se juzguen asuntos surgidos hace más de dos décadas y destapado hace ya diez años, tras una inspección de la Agencia Tributaria.
A través de 50 sesiones, se verá en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid todo lo relativo a las supuestas presiones sufridas por sociedades mercantiles promotoras para dar entrada en su accionariado a empresas locales como condición indispensable para que su autorización administrativa obtuviera el visto bueno de la Junta a operaciones de energías renovables.
La causa, que consta de más de 11.000 folios, ya pasó por el Juzgado de Instrucción nº4 de Valladolid, que pidió penas que sumaban 138 años de cárcel y multas de 848 millones de euros, con la Junta como responsable civil subsidiaria, al haber cargos autonómicos que presuntamente se repartieron mordidas con empresarios.
Como informa Europa Press, la mayor de las penas solicitadas, 42 años y una multa de 239 millones de euros, es la dirigida a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya muerto.
Un comodín para el PSOE
Este asunto, aunque quede lejos de la actual composición del Gobierno autonómico, le va a estallar en un momento decisivo y con partidos como el PSOE frotándose las manos. Los socialistas ya han venido utilizando esta trama en múltiples ocasiones, incluso para tratar de zafarse de otras polémicas o casos internos, como el que gira en torno al exsecretario de Organización Santos Cerdán.
Así, tras las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, apuntó a que ya le gustaría ver «esa contundencia y ese respeto a las instituciones y ese dar la cara» de Sánchez a Mañueco «tras casos como la Perla Negra o la Trama Eólica». «Cada vez que el PP mete la mano en el tema de las energías, hay corrupción», disparaba un mes después la vicesecretaria general socialista en la región, Nuria Rubio.
Desde el Gobierno de Mañueco poco se ha mencionado un tema que puede ser altamente peligroso para sus intereses electorales. Una de las últimas referencias la hizo, de pasada, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien indicó que el Gobierno regional tenía «mucho respeto» por la Justicia, al ser cuestionado por la querella de Vox por los incendios forestales, que extendió, asimismo, a lo referente a la trama eólica. Fernández Carriedo criticó que estuviera «de moda» que los políticos se entrometan y critiquen la labor judicial. «No es nuestro caso», zanjó.