El exviceconsejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León
Rafael Delgado, el cabecilla del mayor caso de corrupción en Castilla y León, para el que piden 42 años de cárcel
El exviceconsejero de Economía de la Junta habría urdido junto con un empresario una trama de mordidas que habrían alcanzado los 75 millones de euros
43 sesiones, 14 acusados, 11.000 folios, peticiones de penas que suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros en multas. Estas son las cifras del macrojuicio que comienza el lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre la denominada trama eólica, el considerado como mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León. Y dentro de esta amalgama de números, un nombre propio: el de Rafael Delgado, presunto bde la trama, que se enfrenta a 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros.
Delgado es exviceconsejero y exsecretario general de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, quien en última instancia debería asumir el importe de las sanciones, al ser responsable civil subsidiaria, según pide la Fiscalía. Además, es conocido por haber sido uno de los protagonistas del último macrojuicio en la región, el de la 'Perla Negra', un edificio de la administración regional en el alfoz de Valladolid que fue erigido con sobrecostes, por lo que fue condenado a dos años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos.
Ahora, volverá a sentarse en el banquillo, pero en relación con el presunto proceso irregular de tramitación de parques eólicos en Castilla y León. Al parecer, las mercantiles promotoras sufrían presiones para meter en su accionariado a empresas locales como requisito imprescindible para obtener el Ok del Ejecutivo autonómico. Según el instructor, Delgado actuaba al dictado de las indicaciones del que era su jefe en Economía, el exconsejero del ramo Tomás Villanueva, que ya ha muerto.
El caso implica a varios ex altos cargos de la Junta y a varios empresarios, entre los que destaca Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, con quien Delgado habría ideado el plan, en marcha desde 2007 y destapado por la Agencia Tributaria hace ahora una década.
Así funcionaba la trama
Los hechos se produjeron al calor de la fiebre por las energías renovables impulsada por el Gobierno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Castilla y León comenzó a implantar entonces un gran despliegue de parques eólicos y, en este contexto, Villanueva y Delgado articularon un sistema para controlar las autorizaciones administrativas de los proyectos retirando a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar los parques, dejando la decisión en manos de Delgado, quien fue viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007.
Rafael Delgado, en su derecho a la última palabra en el juicio por la 'Perla Negra'
Este le imponía a las energéticas la inclusión de socios locales de confianza, empresas castellanoleonesas elegidas por la Consejería. Estas compañías, presuntamente, compraban participaciones a bajo coste y, tras conseguir la autorización, las revendían a los verdaderos promotores. Con estas operaciones pudieron alcanzar beneficios de hasta 250.000 euros por megavatio autorizado. Las supuestas mordidas habrían alcanzado los 75 millones de euros.
Duras peticiones de cárcel
Una trama que ha salpicado a 14 personas que aun se encuentran vivas y que enfrentan penas que comportan un buen puñado de años de cárcel. Además de la de Delgado, le siguen las de los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
Además, otras ocho personas podrían afrontar condenas de seis años de cárcel, como el citado Bravo, al que se piden 100 millones de multa: Rafael Icaza, de Ibercyl, también con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones, mientras que para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, sería, como recoge Europa Press, de cuatros años de cárcel y 215.000 euros.
