​El PSOE colocó y mantiene en su ejecutiva de Castilla y León a un alcalde imputado por tráfico de influencias

Tras el último escándalo enmarcado dentro del caso PSOE, el que inmiscuye al exsecretario de Organización Santos Cerdán, el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para asegurar que su partido era contundente contra la corrupción, al actuar «ante el menor indicio» mientras «otros partidos» la amparan, en clara alusión al PP.

Desde la federación de Castilla y León, su secretario general, Carlos Martínez, aplaudía las palabras de Sánchez y destacaba la «transparencia», la «rendición de cuentas» y la «toma de decisiones», en contraposición a lo que hacía el presidente de la Junta de Castilla y León con la trama eólica, el último espantajo prelectoral contra Alfonso Fernández Mañueco, un caso que acabó hace una década.

Curiosamente, el secretario general del PSCyL, en el cargo desde febrero, pasó por alto o directamente hizo caso omiso a la imputación por tráfico de influencias que pesaba sobre uno de los miembros que acababa de nombrar para su ejecutiva.

El alcalde de Villablino (León), Mario Rivas, está siendo investigado por encargar desde el Ayuntamiento trabajos para su empresa. En concreto, el designado como secretario de Transición Justa en la ejecutiva federal socialista castellanoleonesa compró dos carteles para su ganadería familiar, Rivas López, para que la entrega se le hiciera al propio Consistorio, como consta en el albarán al que ha tenido acceso El Debate.

El alcalde pidió los carteles a la empresa que ha fabricado la nueva fachada del estadio Santiago Bernabéu

En el albarán, redactado en julio de 2021, aparecen la dos partes de la operación, el Ayuntamiento de Villablino y la empresa Lasercor, que no es otra que la empresa encargada de realizar la nueva fachada del estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu. Fuentes conocedoras del caso indican que no es una compañía que se dedique a hacer pedidos para particulares.

Un técnico municipal le pidió a la empresa que le adjuntara el justificante de ingreso de la factura, que ascendía a 277,91 euros, aunque precisando que la entrega debía hacerse en el domicilio del hermano del regidor, Rubén Díaz, quien, en su declaración, señaló que lo encargó y pagó él, aunque en otro momento apuntó a que le había dado el dinero a su hermano. A raíz de este testimonio, el juez decidió investigar al alcalde.

Fue el pasado 6 de febrero cuando el juez llamó a declarar como investigado a Mario Rivas. Fuentes conocedoras del proceso muestran cómo en marzo se dio aviso al partido de que estaba manteniendo en la formación y en la ejecutiva, desde el 23 de febrero, a un imputado.

«Vuestros estatutos dicen que os tiene que avisar inmediatamente una vez se acuerde su declaración o será suspendido», reza un correo consultado por este diario en el que se envía al PSOE de Castilla y León el auto del juzgado de Ponferrada. En concreto, el Estatuto de los cargos públicos del PSOE acuerda «suspender a alcaldes, concejales y parlamentarios que se hallen incursos como imputados/procesados en un juicio oral por algún delito contra las Administraciones Públicas».

Este mismo denunciante registró el caso en el canal de comunicación de la Comisión de garantías del partido, pero la realidad es que el regidor mantiene su cargo en el Consistorio bajo las siglas del PSOE, así como su secretaría en la ejecutiva de Martínez.