Trama eólica  El promotor de un parque eólico en Soria declara que fue chantajeado por la trama: «Me decían a quién tenía que meter»

El representante de la sociedad Altos del Rasero, Juan José Marcos Carrión, quien proyectaba desde el año 2000 la construcción de un parque eólico en la provincia de Soria, ha ratificado las presiones sufridas en su día desde el Ente Regional de la Energía (EREN) para que dejara entrar en el accionariado a Iberdrola, requisito sin el cual no avanzaría la tramitación de su iniciativa.

El testigo, quien ha comparecido esta tarde en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la denominada 'trama eólica' que sienta en el banquillo a un total de trece personas, entre ellas el que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por las supuestas mordidas de más de 80 millones de euros obtenidas a través de la tramitación de parques eólicos en Castilla y León, ha explicado que su principal objetivo era desarrollar un parque de 50 megavatios en el pueblo de su padre pero no pudo hacerlo ante las constantes indicaciones para que incorporara como socio a Iberdrola.

Las presiones, según ha explicado, le fueron transmitidas por el director del EREN y los jefes del departamento de Renovables y de Eólicas, Ricardo González Mantero, Rafael Ayuste Cupido y Tomás Ciria, respectivamente, si bien los dos primeros, en su declaración previa en el juicio, han alegado que se limitaban a transmitir lo que el viceconsejero de Economía y principal inculpado, Rafael Delgado, les transmitía. «A mi sólo, ya en 2000, me dijeron que no me iban a autorizar el parque y desde entonces me decían a quién tenía que meter», ha denunciado Marcos Carrión.

El perjudicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que ante tales indicaciones decidió incorporar en 2002 a dos sociedades inversoras, pero el proyecto, tras obtener la autorización administrativa, quedó paralizado porque desde el EREN se puso reparo al hecho de que sus nuevos «compañeros de viaje» fueran catalanes, de ahí que inició conversaciones con Eyra que tampoco fueron del agrado del ente y volvió a ser remitido a Iberdrola.

Tras volver a recibir la negativa del EREN, se puso directamente en contacto con él un representante de Iberdrola, José Manuel Corcelles, y en unos términos que no le gustaron nada. «Como sabrás, no te van a dar el parque, que tiene que ser para nosotros», es la frase que el afectado ha puesto en boca del responsable de la hidroeléctrica.

Pero además, ha recriminado que en esas conversaciones se le propuso vender el parque por 20 millones de las antiguas pesetas, una estimación que ellos habían «inventado» y que le pareció una cantidad «totalmente irrisoria» ya que las conversaciones con Grupo Eyra, como así ha advertido, se situaban en «casi 20 millones de euros».

Comenzó entonces a negociar la venta con Endesa (en la primera negociación le ofreció 5 millones de euros pero luego retiró el ofrecimiento) y, al igual que en los casos anteriores, volvió a recibir la orden de que el comprador tenía que ser Iberdrola.

El testimonio del representante de Altos del Rasero ha puesto el broche a las testificales celebradas este miércoles en la Audiencia de Valladolid que iniciaba a primera hora de la mañana la exviceconsejera de Economía entre 20027 y 2025, Begoña Hernández, y al que han seguido los del exjefe de Energías Renovables del EREN, Rafael Ayuste Cupido; el exjefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos, Mariano Muñoz Fernández, y la técnico de este mismo servicio Yolanda Jiménez.

El juicio proseguirá el próximo día 14 de octubre. La supuesta 'trama eólica' tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.

Exigir la participación local

El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40 por ciento.

Mientras no estuviera garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.

El conjunto de las penas de cárcel que solicita el Fiscal Anticorrupción para los trece encausados se eleva a 123,5 años de cárcel y 850 millones de euros de multas. La mayor de las penas, 42 años y multa de 239 millones de euros, es para Rafael Delgado, como presunto cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo ya fallecido, Tomás Villanueva. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.