El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, este jueves
Castilla y León se revuelve contra el «yo invito y tú pagas» de Sánchez y le exige 315 millones para no ir a la Justicia
Enviará un requerimiento previo al Gobierno central tras asumir la Junta gastos imprevistos derivados de la aplicación de políticas y normativas estatales
La Junta de Castilla y León se ha hartado de pagarle la fiesta al Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha autorizado este jueves a la Consejería de Economía y Hacienda, liderada por el portavoz del Ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo, a enviarle al Gobierno central un requerimiento previo a un procedimiento judicial a cuenta de la financiación.
En concreto, la Junta instará al Ejecutivo de Sánchez a pagarle 315 millones de euros por los gastos imprevistos derivados de la aplicación de políticas y normativas estatales del año 2023. Este movimiento, «en cumplimiento del principio de lealtad institucional», se produce por su desacuerdo en el cálculo de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica.
El Gobierno autonómico castellanoleonés ha indicado en un comunicado que este requerimiento tiene «el objetivo de plantear el interés general de la comunidad» y «la adecuada gestión de los servicios públicos de calidad que presta la Junta y que han de estar correctamente financiados». Como advierten, el requerimiento previo «se establece sin perjuicio de las posibles acciones posteriores que competen a la comunidad autónoma y buscan alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas administraciones públicas».
La autorización, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno es previa «a la vía judicial que presentaremos en su caso, con el objetivo de garantizar para la Comunidad los fondos que nos corresponden», como ha insistido en rueda de prensa Fernández Carriedo, quien ha explicado que «la Administración que regula y establece criterios debe ser la que asuma los gastos derivados».
Costes «sin compensación alguna»
«Se trata de huir de aquel principio del 'yo invito y tú pagas', que las comunidades autónomas sufrimos con frecuencia cuando regulaciones de ámbito nacional acaban generando costes autonómicos sin compensación alguna», ha añadido, antes de detallar que la liquidación del sistema de financiación se produce siempre con dos años de diferencia, por lo que «es ahora, en 2025, cuando procede esta reclamación a los efectos previos de la vía judicial».
Desde el Gobierno de Mañueco confían en que Moncloa tenga la voluntad de llegar a un pacto entre ambas administraciones públicas para no tener que llegar a los tribunales. «Esperamos no tener que llegar a la vía judicial y que se garantice este principio básico de que quien regula paga», ha zanjado el consejero del ramo.
