El alcalde de Valladolid intensifica su batalla contra Puente y lo lleva a los tribunales por imponerle unos aparcabicis

Nuevo pulso entre Carnero y Puente. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha decidido llevar a los tribunales al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, por la negativa del Gobierno a aceptar un cambio en una ayuda europea destinada a la movilidad ciclista en la ciudad.

El conflicto parte de una subvención concedida dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinada a la mejora de la movilidad urbana. El Ayuntamiento pidió al Ministerio modificar parte del proyecto: en lugar de instalar 17 aparcamientos seguros para bicicletas, conocidos como parkibicis, propuso invertir en 14 sistemas de energía solar fotovoltaica y nuevos tramos de carril bici en las calles Mieses II y Oro, en el polígono de San Cristóbal. Actualmente, la red de aparcamientos para bicicletas cuenta con 38 ubicaciones.

El Ministerio rechazó la solicitud al entender que ese cambio «alteraría la naturaleza y los objetivos de la subvención». Frente a ello, el Ayuntamiento defendió que la modificación era mínima. En su informe, la Asesoría Jurídica General sostiene que las actuaciones «no suponen un cambio sustancial en el conjunto de las actuaciones subvencionadas», ya que el coste afectado representa «solo el 7 % del importe de la subvención concedida».

Además, el documento municipal recuerda que los proyectos técnicos se elaboraron con posterioridad a la solicitud inicial, por lo que entonces no se conocían circunstancias tales como que los terrenos por los que había de discurrir el carril bici previsto en la calle Arca Real no eran de titularidad municipal o el número total de módulos necesarios de parkibicis. En consecuencia, la Asesoría considera justificada la revisión «por circunstancias sobrevenidas» y aconseja actuar «en defensa de los intereses municipales».

Tras el rechazo definitivo del Ministerio, el alcalde presentó un requerimiento previo en agosto. Posteriormente, la Junta de Gobierno Local, reunida el 17 de octubre de 2025, aprobó autorizar a los letrados municipales para interponer «los correspondientes recursos contenciosos-administrativos y realizar todas las actuaciones que sean precisas en defensa de los intereses de esta localidad».

La estrategia ferroviaria

Este nuevo litigio con el Ministerio de Transportes es un capítulo más en la tensa relación que existe entre el actual alcalde y su antecesor. Desde que Óscar Puente asumió la cartera ministerial, las discrepancias con el Ayuntamiento de Valladolid, ahora gobernado por el Partido Popular, se han extendido a cuestiones clave de la ciudad, especialmente en torno al proyecto ferroviario y la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

La SVAV, participada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, Adif y Renfe, gestiona la integración de las vías del tren en la ciudad. A comienzos de año, el Ministerio, a través de Adif, acusó al Consistorio de incumplir sus compromisos financieros al abonar solo una parte (1,2 millones de euros) de los 11 millones comprometidos para 2024. El Ayuntamiento respondió que el pago se había fraccionado por motivos de estabilidad presupuestaria y que la aportación «está garantizada y comprometida».

El propio Jesús Julio Carnero defendió públicamente que el Ayuntamiento «ha cumplido con sus obligaciones» y que el fraccionamiento del pago contaba «con amparo legal». Por su parte, Óscar Puente advirtió de que el Ministerio se reservaba el derecho de acudir a los tribunales si el Ayuntamiento no completaba la transferencia, llegando incluso a amenazar con promover la disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad por «incumplimiento de los compromisos asumidos».

Detrás de este choque late el viejo debate sobre el soterramiento de las vías, una promesa que ha marcado la política local durante dos décadas. Mientras Carnero insiste en que su equipo mantiene el compromiso con la integración ferroviaria y la regeneración urbana del entorno de las vías, el Ministerio defiende que el actual modelo de integración ya está consensuado y es técnicamente viable, descartando reabrir el debate sobre el soterramiento total.