Las Cortes rechazan los dos decretos de la Junta de Castilla y León sobre el operativo de incendios y la prevención

Las Cortes de Castilla y León han rechazado convalidar los dos decretos ley aprobados por la Junta que recogían «medidas urgentes» para el operativo de lucha contra el fuego y la prevención del riesgo de incendios forestales. El voto en contra de todos los grupos de la oposición (PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto) ha impedido que estas iniciativas pudieran entrar en vigor. Las propuestas solo han contado con el apoyo de los 31 procuradores del PP y de los dos parlamentarios no adscritos.

El decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad preveía, entre otras medidas, hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero. Una medida, que suponía «un paso adelante importante» en la mejora de las condiciones laborales sectoriales del personal que participa en la prevención y extinción de incendios, como ha defendido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Cada uno debe ser responsable de sus actos y, en su caso, deberá dar las explicaciones oportunas«, ha advertido el consejero que ha explicado que el Decreto Ley tiene »muy presentes los tiempos« ya que Castilla y León entra »inexorablemente" en un periodo electoral.

«No podemos esperar a la tramitación ordinaria cuando la próxima campaña de alto riesgo está a la vuelta de la esquina», ha añadido el consejero a quien ha secundado el procurador del PP Raúl Hernández que ha apelado en reiteradas ocasiones a la responsabilidad de los grupos en la oposición, que han coincidido por su parte en las críticas a la Junta por un Decreto Ley «impuesto» que no cuenta con el visto bueno de los sindicatos que se han vuelto a manifestar este miércoles en las Cortes.

«Otro parche»

Por su parte, el procurador socialista Eugenio Miguel Hernández, ha justificado el rechazo a la convalidación del Decreto Ley en que se trata de «otro parche» por parte de la Junta que no pone sobre la mesa medidas justas, equitativas y proporcionales acordes a la realidad en la prevención y extinción de incendios en la Comunidad.

En el mismo sentido, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha acusado a la Junta de intentar engañar a los ciudadanos con el término fijo discontinuo todo el año cuando recoge que el dispositivo de incendios forestales tendrá naturaleza pública sin decir que será a través de una empresa semipública.

También ha votado en contra el Grupo Vox que ha asegurado que no han encontrado ningún colectivo afectado que haya recomendado apoyar la norma. «Ningún colectivo, eso demuestra que ustedes ya solo gobiernan a golpe de Decreto, como Sánchez», ha zanjado Ignacio Sicilia que ha ironizado sobre que la Junta y el PP pretendan trasladar la responsabilidad de gobernar a los grupos parlamentarios cuando es suya.

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha recordado que su provincia es una de las más castigadas cada año por los incendios forestales y ha asegurado que el Decreto no soluciona los problemas existentes a lo que ha añadido que puede llegar a generar desigualdades entre los agentes sin asegurar una buena coordinación en momentos críticos.

Los anillos de seguridad

Todos los grupos de la oposición también se han unido para votar en bloque 'no' a la convalidación del Decreto a través del que se creaba la figura de «anillos de seguridad» en torno a núcleos urbanos para atajar los incendios forestales, con lo que la normativa, publicada en el Bocyl el pasado 24 de octubre, queda derogada.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido el encargado de defender este Decreto que incluía un «paquete relevante de reformas dirigidas a eliminar burocracia, eliminar trámites, autorizaciones e integrar la perspectiva preventiva en toda la acción de las administraciones».

En su intervención, el consejero ha subrayado ante los grupos que los cambios que se habían incluido en este Decreto permitía a la Comunidad estar «más preparada para afrontar estos graves sucesos de protección civil en que se convierten los nuevos incendios forestales».

Por su parte, el procurador del PSOE, Pedro González Reglero, ha iniciado su intervención con críticas a la Junta por presentar un Decreto «no dialogado» con los agentes afectados. «Numerosos alcaldes, incluso del PP, estaban en contra de esto lo único que pretenden es pasarle la patata caliente ustedes lavarse las manos y que la responsabilidad la tengan otros», ha relatado el socialista, quien ha criticado además que no se incluya en la norma incremento de personal o medios.

En respuesta, el procurador del PP José Alberto Castro Cañibano ha defendido que la no aprobación de este decreto supone que «va a ser completamente imposible» tomar medidas en algunos pueblos «rodeados de maleza». Finalmente, el 'popular' ha reiterado la necesidad de dar herramientas a los alcaldes para atajar los fuegos y ha apelado a la responsabilidad de la oposición.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, también se ha manifestado en contra. Así, en su intervención ante el Hemiciclo para argumentar el voto en contra, una decisión que ha basado en que la norma añade «exigencias» a unos ayuntamientos que «carecen de los recursos necesarios para cumplirlas y sin que ni siquiera se les proporcionen medios, recursos ni personal adicionales para poder plantearse su cumplimiento».

En este mismo sentido, el procurador Francisco Igea ha señalado al consejero de Medio Ambiente para recordarle que «hace tiempo que debería de haberse ido».

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha acusado a la Junta ha acusado de «lavarse las manos» y trasladar a los ayuntamientos unas responsabilidades que, a su juicio, corresponden a la Administración autonómica. «Señor Quiñones, la verdad, me río por no llorar», ha comenzado su intervención, tras reprochar al consejero de Medio Ambiente que primero hiciera descansar la responsabilidad en los trabajadores y ahora pretenda hacerlo «en los ayuntamientos».

Por último, el procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Ignacio Sicilia, ha lamentado que, pese a que el decreto se vende como una «solución ejemplar», «ni siquiera los socios del Pacto Verde Europeo lo apoyan». Así, el representante de Vox ha denunciado un cambio estructural en el modelo de prevención, que descentraliza responsabilidades hacia los ayuntamientos y propietarios forestales, lo que considera una medida «inapropiada» dadas las limitaciones y la sobrecarga que sufren estos entes locales y vecinales.