Ofensiva municipal en Castilla y León contra la tasa de basuras impuesta por el Gobierno: «Es el momento de actuar»

La nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno central ha indignado a numerosos municipios de Castilla y León, donde su aplicación ha dejado un escenario de malestar vecinal y preocupación institucional. No es para menos. La obligación de trasladar a los ciudadanos el coste íntegro del tratamiento de residuos ha provocado un incremento en los recibos y ha generado un clima de incertidumbre jurídica que los ayuntamientos aseguran no haber provocado ni elegido.

En este contexto, el alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Sarbelio Fernández, ha puesto sobre la mesa una propuesta para impulsar un frente común entre los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad.

La iniciativa ya ha sido remitida formalmente a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, a quien solicita la convocatoria urgente de una reunión en la que se aborden las consecuencias del primer año de aplicación y se establezcan medidas conjuntas.

«Tenemos que formar un frente común y todos juntos abordar las consecuencias de la situación de inseguridad jurídica», dice. «Es el momento de actuar, de ir más allá de un simple rechazo formal a la ley», añade el regidor, quien sostiene que la Ley 7/2022 ha generado una situación de «inseguridad jurídica» al obligar a todos los ayuntamientos a crear una nueva tasa que repercuta en los vecinos el coste total del servicio, sin margen para alternativas.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa estatal, parte del tratamiento de residuos podía financiarse mediante presupuestos municipales u otras figuras fiscales, pero el nuevo modelo elimina esa posibilidad y traslada íntegramente el importe al contribuyente.

Fernández advierte de que el problema no se limita al diseño de la tasa, sino al contexto económico que acompaña su implantación. El encarecimiento del tratamiento de residuos y los nuevos impuestos medioambientales previstos en la norma han provocado un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.

El impuesto de residuos deriva de la trasposición de una directiva europea incluida en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar un sistema que refleje el coste real de la gestión de residuos y fomente la reducción y el reciclaje, según recuerda la asociación.

Facua crea una plataforma

Facua-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para aquellos que quieran reclamar a su municipio la devolución de Tasa de Gestión de Residuos (TGR). En concreto, en Castilla y León, la asociación ha detectado «irregularidades» en Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora. A ellos se suman Madrid y Badajoz, y está analizando la aplicación de la tasa en otras localidades.

Para realizar la reclamación se debe entrar al portal de Facua en donde los interesados encontrarán toda la información disponible y podrán descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a los ayuntamientos de sus ciudades. Los usuarios disponen de 30 días desde la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque este no suspende la obligación de abonar la tasa, según explica la organización de consumo.