Los okupas se enrocan «con total impunidad» en un pueblo de Valladolid con la connivencia del Gobierno

Cuatro decenas de viviendas de la Sareb –el 'banco malo'– permanecen okupadas desde hace tres años en un pueblo del área metropolitana de Valladolid, Arroyo de la Encomienda. El Ayuntamiento de esta localidad de algo más de 22.000 habitantes y colindante a la capital, ya no sabe que hacer ante una situación que está completamente enquistada y supone «consecuencias de inseguridad y problemas de convivencia tanto para los vecinos de estos inmuebles como los de toda la zona».

Los usurpadores de viviendas se encuentran en la urbanización Arroyovereda, donde, desde que llegaron, se han multiplicado las intervenciones policiales. Una de las últimas sucedió a finales del pasado mes de septiembre y sirve para ejemplificar cómo los okupas hacen lo que les viene en gana. El día 23, una docena de agentes de la Policía Local de Arroyo participó en un operativo desarrollado junto con la Guardia Civil contra el fraude de agua y en el que se detectaron 17 enganches ilegales, todos ellos en viviendas propiedad de la Sareb.

La inspección se inició tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estas viviendas ubicadas en la calle Narciso Monturiol. Como informó el Ayuntamiento, gobernado por Independientes por Arroyo (IPAE), el personal técnico de la empresa gestora del suministro de agua desconectó todas las acometidas fraudulentas bajo la protección de las fuerzas de seguridad «para evitar problemas de orden público». El dispositivo, formado por cinco patrullas de la Policía Local y dos del Instituto Armado sirvió para que no hubiera altercados y para identificar a los moradores de las viviendas, que habrían cometido un delito de fraude.

La okupación tiene premio

La triste realidad es que, a las tres horas de cortarles el agua, se volvieron a reenganchar, como informó El Norte de Castilla. Y es que, más allá de acciones puntuales, como esta, infructuosas, el Ayuntamiento encabezado por Sarbelio Fernández lleva demasiado tiempo advirtiendo a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) de «la grave situación existente» en Arroyovereda, donde el miedo se extiende entre los vecinos. Y, más aun, cuando ven que quienes deberían de protegerlos escurren el bulto, y algo más.

Y es que la Sareb, participada en más del 50 % por el Gobierno de España, liderado actualmente por Pedro Sánchez, que maneja en última instancia la sociedad, se está dedicando a incluir a los okupas en los programas de alquiler social de la Sareb, al detectar que alguna familia es «vulnerable económicamente». Una medida a la que se opone no solo el equipo de Gobierno municipal, sino todo el Pleno, que en su día aprobó con mayoría absoluta una moción en contra de estas regularizaciones.

«Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado libre y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza, ocupándolas», apuntaba hace unos meses el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana tras una reunión con la Sareb tras la cual alertó de que su política «puede acabar provocando un 'efecto llamada'». «Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí», lamentaba.

La semana pasada, Marta Sanz, portavoz del grupo municipal del PP en Arroyo, junto a los diputados 'populares' Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo, y los senadores José Ángel Alonso y Arenales Serrano, visitó con los vecinos el bloque de viviendas afectado, desde donde pudieron comprobar de primera mano su preocupación. «Denuncian la inseguridad, la degradación del entorno y la pasividad de la Sareb ante una situación que lleva años generando conflictos y perjuicios a las familias que habitan legalmente en el edificio», apuntaron desde el Partido Popular.

«Están poniendo en riesgo la convivencia»

«Los vecinos llevan demasiado tiempo sufriendo una situación injusta. La inacción de la Sareb y la falta de respuesta del Gobierno están poniendo en riesgo la convivencia en nuestras calles. No podemos permitir que quienes cumplen con la ley se sientan abandonados mientras los okupas actúan con total impunidad. Arroyo es un municipio de gente trabajadora, que paga sus impuestos y que merece vivir tranquila y segura», señaló Sanz.

La parlamentaria Cantalapiedra, por su parte, afirmó que «no puede ser que el Gobierno de España dé la espalda a miles de familias que ven cómo se vulneran sus derechos cada día». «Exigimos una actuación inmediata: no se puede premiar a quien ocupa ilegalmente ni disfrazar de política social lo que en realidad es dejación de funciones. La ley debe cumplirse y aplicarse con firmeza», abundó la diputada, quien recordó que su partido ya formuló una pregunta en el Congreso en la que el Gobierno de Sánchez admitía la okupación de unas 40 viviendas.

«La Sareb depende del Gobierno y es una vergüenza que estén callados ante esta situación. Vamos a presentar una nueva batería de preguntas en Congreso y Senado exigiéndoles que actúen», apuntaló Cantalapiedra. Por su parte, el senador Alonso aseveró que con la Ley Feijóo Antiokupación aprobada por el PP en el Senado «los okupas ilegales deberán abandonar las viviendas en un máximo de 24 horas, y en los casos de ocupación flagrante el desalojo será inmediato». «Además, se dotará de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los tribunales para que puedan actuar con rapidez, y se considerarán nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas ilegalmente. No podemos seguir permitiendo que los delincuentes tengan más derechos que los propietarios», añadió sobre un problema que no tiene visos de resolverse en un corto periodo de tiempo.