Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y LeónIcal

El PSOE de Castilla y León promete un consorcio de vivienda y acusa a Mañueco de reducir los pisos protegidos

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha asumido la Presidencia del Consejo de Alcaldes del PSCyL

Apocas semanas de que Castilla y León afronte un nuevo ciclo electoral (el 15 de marzo es la fecha límite para celebrar elecciones), el PSOE de Castilla y León ha situado la vivienda en el centro de su discurso político. La formación ha prometido la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo en el que participarían ayuntamientos y diputaciones.

La propuesta fue aprobada por unanimidad este sábado durante el Consejo de Alcaldes celebrado en Palencia, una reunión que congregó a más de 200 alcaldes y portavoces municipales socialistas y que sirvió para fijar posición en uno de los asuntos con mayor peso en el debate público actual.

El encuentro estuvo presidido por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (que ha asumido la Presidencia del Consejo de Alcaldes del PSCyLy) y concluyó con una resolución que defiende una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, tanto a través de la promoción de alquiler público como mediante la compra de suelo y el mantenimiento indefinido de la calificación de vivienda protegida.

El texto aprobado recoge el compromiso socialista de desarrollar políticas que garanticen el denominado «derecho subjetivo a la vivienda», vinculando los precios del alquiler a los ingresos de la unidad familiar y limitando el acceso a viviendas protegidas a quienes no superen determinados umbrales de renta.

Junto a ello, el PSOE plantea un Pacto Social por la Vivienda con entidades sociales, colegios profesionales y la universidad, así como un programa de intermediación para movilizar viviendas vacías del mercado privado, con el objetivo de que el alquiler no supere el 30 % de los ingresos de los adjudicatarios.

«Es importante hacer de la vivienda una palanca de protección para la mayoría social del país y siempre nos hemos posicionado en contra de aquellos que han buscado convertir la vivienda en un activo financiero con el que especular», señala el texto de la resolución en la que los representantes municipales acusan al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de haber reducido la vivienda protegida. «En 40 años hemos pasado de que una de cada cuatro viviendas tuviera protección a una de cada 100», aseguran.