La Justicia tumba la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por un defecto formal

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, según ha informado en redes sociales la Asociación Liberum, que fue la que recurrió el proyecto, aprobado en Junta de Gobierno, y cuya ordenanza recibió el apoyo del Consistorio en pleno en octubre de 2024.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima la demanda contra la ZBE de Valladolid y la anula, al no ser conforme con el ordenamiento jurídico. Contra la cual, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, calificó como «puramente formal» la sentencia y anunció que el Consistorio interpondrá un recurso de casación, ya que entienden, con el respaldo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que «es necesario» mantener su postura.

Las recaudaciones «son firmes»

Gutiérrez Alberca aclaró que las sanciones efectivas que se han producido hasta el momento, que han reportado (con fecha 9 de febrero) al Ayuntamiento una recaudación de 682.000 euros, «son firmes».

Además, apuntó que «hoy mismo» convocarán el Grupo de Trabajo de la Zona de Bajas Emisiones para analizar cuál es la situación derivada de esta sentencia y anunció que en el próximo Pleno Municipal, que tendrá lugar el 30 de marzo, trasladarán «la inejecutividad de los procedimientos sancionadores en el futuro», con el objetivo de «que se inicien los procedimientos tanto jurídicos como técnicos que permitan dejar de establecer sanciones en el momento más corto posible».

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista denunció «la gravísima negligencia» con la que el equipo de gobierno del PP y Vox ha gestionado la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid, «una actuación marcada desde el principio por el retraso, la falta de transparencia, la improvisación y la ausencia de una verdadera voluntad de proteger la salud de la ciudadanía».

Para los socialistas, la sentencia «confirma lo que el PSOE ha venido advirtiendo durante meses, que el Ayuntamiento ha actuado sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia para la calidad del aire, la movilidad urbana y la salud pública», añaden en un comunicado recogido por Ical.