Vox condiciona su apoyo al Presupuesto de Valladolid a que se supriman las multas de las Zonas de Bajas Emisiones

Vox pone condiciones para apoyar el Presupuesto municipal de Valladolid. Las Cuentas de 2026 no tendrán el respaldo de la formación verde si el PP no se compromete a crear una «mesa de estudio y de investigación» para suprimir o suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que funciona desde el pasado mes de julio. Así lo ha anunciado la teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz del Grupo Municipal de Vox, Irene Carvajal, quien espera que la respuesta sea positiva. El asunto se abordará en la Junta de Gobierno el próximo martes, 9 de diciembre.

«Queremos suprimir o derogar el régimen sancionador», ha dicho Carvajal, que propone crear una comisión de estudio para determinar si es posible suprimir las sanciones que recoge el reglamento de la Zona de Bajas Emisiones y, de determinarse esa posibilidad, dejar vigente este área restringida pero sin sanciones, apostando en su lugar por la «pedagogía».

La concejal de Vox ha recordado que hace un año su formación apoyó la creación de la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid porque consiguieron cumplir el acuerdo de gobierno que tienen suscrito con el Partido Popular en relación a «reducir a la mínima expresión» la ZBE, algo que considera que lograron «no solo territorialmente» sino también con «una batería de exenciones» dirigidas a perjudicar en menor medida a los ciudadanos de Valladolid.

Sin embargo, cinco meses después de comenzar a funcionar el régimen sancionador Vox ha «palpado» entre los vecinos de Valladolid y los comerciantes «la desproporción de esta medida». Por lo tanto la idea de Vox es crear una mesa de trabajo dirigida «a buscar los argumentos jurídicos» para eliminar ese régimen sancionador, al tiempo que ha apostado por mantener la Zona de Bajas Emisiones, aunque ha abierto la posibilidad de «intentar reducirla más». En cualquier caso, «sin penalizar al ciudadano».

Confusión ciudadana

Carvajal ha dado varios argumentos para respaldar esa visión, como que si bien Vox preveía que las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones «sólamente iban a afectar a menos un 1 % de los vehículos que transitan habitualmente por Valladolid», la «realidad» es que hay personas que se están «autorrestringiendo la entrada a Valladolid porque desconocen la normativa». La edil de Vox ha precisado que se trata de una ciudad «de personas mayores» a las que «les resulta más difícil comprender estas cuestiones».

También ha apuntado otros problemas, como que «la ciudadanía no tiene claro» si el acceso a la Zona de Bajas Emisiones se restringe a los vehículos «sin etiqueta» de emisiones de la DGT o «sin pegatina», pues siguiera que hay personas que aunque su vehículo tiene derecho a contar con etiqueta de emisiones B o C, al no tenerla físicamente pegada en su coche entienden que no pueden circular por la ZBE.

«Hay una autorrestricción que está perjudicando mucho al comercio local», ha apostillado Irene Carvajal y por ello uno de los aspectos que se pretende analizar en la mencionada mesa será «ver el impacto en nuestro tejido comercial y económico», además de analizar si ha habido «alguna mejora en la calidad del aire», al respecto de lo cual duda que la ZBE haya sido efectiva en mejorar una calidad que considera que ya era buena y que «lo sigue siendo».

Y, sobre todo, pretenden «estudiar toda la cantidad de jurisprudencia que está habiendo, con sentencias que están anulando las multas que se están poniendo en las Zonas de Bajas Emisiones» por la «disfunción» entre el régimen sancionador y la «diferente casuística» de las personas que son sancionadas.

El alcalde «ha tomado nota»

Carvajal ha explicado que ya ha planteado esta condición al alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que «ha tomado nota» y que entiende que valora este planteamiento para aprobar los presupuestos de 2026. En todo caso, la edil ha situado al equipo que forman con el PP como «ejemplo de cogobierno» porque «dentro de las diferencias» y de la «beligerancia o vehemencia» con la que se pueden defender los argumentos, cuando hay que llegar a acuerdos ambas partes ceden para lograr «el bien común» de los ciudadanos de Valladolid.

De hecho, la teniente de alcalde opina, de manera «personal y subjetiva» que sus socios de gobierno lo van a valorar y que la respuesta será «positiva».

En el caso de que se cree la mesa de trabajo y en ella se determine que jurídicamente no es posible derogar el régimen sancionador sin incumplir la Ley 7-2021, Carvajal ha aseverado que Vox seguirá su trabajo en ámbito estatal para que en 2027 «o antes si se adelantan las elecciones» el modelo de Gobierno en España sea «responsable» y derogue dicho texto legal.

En su interpretación, Europa establece una seria de normativas y directivas para mejorar la calidad del aire «pero no impone obligatoriamente» las zonas de bajas emisiones, y de hecho ha defendido que hay otras medidas como la creación de más zonas verdes o la puesta en marcha de redes de calor de biomasa como la que se construye en la zona oeste de Valladolid.

«Amenaza» de Óscar Puente

Irene Carvajal ha recordado alguno de los motivos que considera que llevó al equipo de Gobierno a aprobar el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones como la condición de que «el no establecerla implicaría tener que devolver todas las ayudas y los PERTE recibidos de Europa» o la «amenaza» del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, de «retirar las ayudas al transporte público» en la ciudad si el Ayuntamiento no aprobaba la medida restrictiva del tráfico.

De hecho, ha destacado la importancia de contar con informes técnicos y jurídicos en el Ayuntamiento para adoptar la decisión de derogar el régimen sancionador de manera «conforme y ajustada a derecho» y así poder «defenderlo cuando el ministro Óscar Puente» cumpla su amenaza «si quiere».

Así, «por mucho que quiera cumplir su amenaza y su bravuconada» no podría hacerlo o «al menos perdería en los tribunales». No obstante, ha apelado a la responsabilidad de Óscar Puente «para con sus conciudadanos», porque reprocha que «no se puede actuar bajo régimen dictatorial».