Un técnico de la Confederación del Duero que cobraba por gestiones ilegales evita el juicio tras aceptar medio año de cárcel

El técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) acusado de negociaciones prohibidas a funcionario, por tramitar expedientes de aprovechamientos de aguas subterráneas para particulares, sin estar habilitado para ello, y falsificar informes de ingenieros, ha conseguido eludir el juicio con jurado previsto contra él este próximo viernes tras cerrar un acuerdo con el fiscal del caso y la Abogacía del Estado consistente en seis meses de prisión.

Aunque la vista oral del juicio por el procedimiento de jurado estaba fijado en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, las acusaciones y la defensa de Rafael V. han alcanzado una conformidad que tendrá que ser ratificada ese día, con lo que el proceso judicial consistirá en una breve vista en la que el funcionario se reconocerá autor de un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios y de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

De esta forma, el técnico ratificará ese acuerdo que, amén de la referida pena privativa de libertad, que no tendrá que cumplir de forma efectiva, incluye el pago de una multa global de 900 euros y la suspensión para empleo público por espacio de un año. Al acusado se le aplicarán las atenuantes derivadas de la confesión prestada y las dilaciones indebidas en el procedimiento, que estuvo paralizado por causas ajenas al procesado entre finales de 2024 y septiembre de 2025. según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.

El procesado, adscrito a la especialidad de Vigilancia de Dominio Público en Zamora, utilizó su cargo para asesorar de forma ilícita a particulares en la tramitación de expedientes de aguas subterráneas y captaciones entre los años 2015 y 2020.

Así, gracias a que tenía acceso a dicha documentación y contacto con agricultores de la zona, intervino en expedientes que quedaban fuera de sus competencias profesionales. En el ejercicio de estas funciones de guardería fluvial, el técnico llegó a elaborar documentos que simulaban ser proyectos oficiales suscritos por ingenieros agrónomos que nunca intervinieron en los mismos. Se ha constatado la falsificación de al menos diecinueve proyectos técnicos que fueron incorporados fraudulentamente a los archivos de la Confederación.

Se detallan múltiples casos en los que el acusado confeso percibió remuneraciones económicas en metálico a cambio de estas gestiones ilegales. Las cantidades cobradas oscilaron entre pagos de 150 euros por autorizaciones de captación hasta sumas de 3.000 euros por la legalización de aprovechamientos que posteriormente resultaron sancionados. Además de la redacción de memorias técnicas falsas, el funcionario también asesoraba a los usuarios en la redacción de alegaciones de descargo frente a expedientes sancionadores abiertos por la propia CHD.

Rafael V. prestó declaración el 13 de noviembre de 2025 y entonces admitió ya íntegramente la autoría de las irregularidades relatadas.