Nueva agresión en la cárcel de Salamanca: un recluso golpea a una funcionaria tras amenazarla y hacerle gestos obscenos

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes una agresión sufrida por una funcionaria de vigilancia en el Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, durante el ejercicio de sus funciones y ha exigido medidas «urgentes» para reforzar la seguridad y modernizar los medios de intervención.

Según ha trasladado la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos han ocurrido cuando la trabajadora procedía a evacuar la zona de celdas, al requerir a un interno que abandonara su estancia, este ha reaccionado de forma violenta con amenazas, insultos y gestos obscenos de carácter sexual mientras la funcionaria se encontraba sola en la zona.

La empleada pública ha logrado aislar al interno en su celda, aunque posteriormente, durante el traslado del recluso, ha sido agredida físicamente. La funcionaria ha recibido varios golpes que le han producido un hematoma en el dedo pulgar de la mano derecha.

Ante esta situación, CSIF Topas ha subrayado que no se pueden «normalizar» las agresiones ni tolerar conductas «intimidatorias, vejatorias o de claro componente machista» contra el personal penitenciario. El sindicato ha calificado la situación de «insostenible» y ha advertido de que las prisiones se están convirtiendo en «auténticas ollas a presión» por la falta de personal y medios.

Por todo ello, la organización ha reclamado, entre otras medidas, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, así como una reforma normativa «clara y eficaz» que refuerce la protección jurídica del personal penitenciario, la modernización de los medios coercitivos y de intervención, y más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad de los trabajadores y del propio centro.

En definitiva, reclaman una «respuesta política inmediata» ante el incremento de agresiones en el ámbito penitenciario. «Desde CSIF llamamos a las fuerzas políticas a abandonar la inacción y alcanzar un acuerdo que permita modificar la legislación vigente. La autoridad del funcionario de prisiones debe quedar reflejada de forma clara, expresa y efectiva en la normativa. No se puede seguir mirando hacia otro lado. Cada agresión confirma que el sistema necesita una respuesta urgente. La seguridad de los funcionarios de prisiones no puede depender únicamente de su profesionalidad individual, sino de una legislación adecuada, medios suficientes y respaldo institucional real», ha finalizado la organización.