Uno de los imputados por el caso ataúdes de Valladolid, cazado en un pinchazo telefónico: «¡Esto es una pillada, macho!»

«¡Esto es una pillada, macho...nos quedan unos meses muy malos por delante!», es una parte de la conversación telefónica recogida en febrero de 2019 en los 'pinchazos' telefónicos que la Policía Nacional practicó con motivo de la investigación que destapó, presuntamente, el cambiazo de ataúdes practicado en Valladolid por el grupo funerario El Salvador y que sienta desde hace meses en el banquillo a un total de veintitrés encausados.

Dicha conversación ha sido reproducida en la Audiencia de Valladolid a petición del fiscal del caso y en la misma se escucha al todavía trabajador del grupo, Santiago R.I., que ha declarado en la jornada de este martes como testigo, y a José Antonio Morchón Alonso, uno de los acusados y hermano de Ignacio, el que fuera dueño de la mercantil ya fallecido.

La grabación se remonta a la noche del día 2 de febrero de 2019, dos días después de que la Policía Nacional entrara en las distintas instalaciones de El Salvador tras explotar la 'Operación Ignis' como colofón de las pesquisas que se venían realizando ante la supuesta actividad ilícita del grupo empresarial, al que se imputa que en el periodo que media entre 1995 y 2015 pudiera haber dado el cambiazo a cerca de 6.000 féretros para su posterior reutilización en nuevos sepelios, generando así unos beneficios de unos cuatro millones de euros, incluida la parte correspondiente al también 'reciclado' de motivos florales.

En esa conversación se recoge la llamada que José Antonio Morchón realizó al teléfono de la oficina de la calle Angustias en la que se encontraba Santiago R.I. y en la misma se escucha al primero trasladar al segundo que la intervención policial supone una «¡pillada, macho!», así como vaticinar que les esperan a todos «unos meses muy malos por delante» y expresar sus sospechas de que la operación no tenía su origen en la denuncia del entonces trabajador Justo M. sino que «viene de interior», mientras que su comunicante aseguraba haber hablado ya con dos de las hijas del dueño, Rosi y Laura, y de la necesidad de contratar en Madrid los servicios de un bufete potente de abogados, «¡no quedan más cojones!».

El todavía empleado de El Salvador, Santiago R.I., familiar de uno de los veintitrés encausados, ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en esa conversación se encontraba «desconcertado» por lo que había ocurrido y tras destaparse algo que él nunca había presenciado ni sospechado, a pesar de llevar 44 años en la empresa, en los que ha desempeñado funciones en la oficina central como administrativo y en labores de atención al público y venta de ataúdes.

«Esas denuncias me han sorprendido», ha insistido el testigo, quien, a pesar de haber sido representante de los trabajadores, ha negado que en el grupo se hubieran registrado problemas por el impago de salarios y ha alegado no recordar un escrito en el que figura su firma y la de otros delegados sindicales que se remitió en 2014 a la dirección reclamando el abono de atrasos correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013 y recriminando las excusas de «pérdidas» que alegaba la empresa. También ha asegurado no recordar otro escrito que fue hallado en casa de Ignacio Morchón Vaquero, otro de los acusados e hijo del magnate fallecido, en el que se le amenazaba con contar lo que estaba ocurriendo con los féretros y las flores si la empresa no condonaba esos atrasos con los empleados.

Lo que sí ha dejado bien claro, al igual que otros empleados, es que el que mandaba en El Salvador era el fallecido Ignacio Morchón Alonso y que su esposa, María del Rosario, y sus tres hijos, Ignacio, Rosi y Laura, tenían un papel residual, incluso una vez ya jubilado el empresario, como ha apostillado la última de los testigos, Sonsoles R.R., encargada de las incineraciones desde 2018 pero que, como así ha asegurado, seguía recibiendo sus órdenes de facto.

Otro de los trabajadores con un historial de 33 años al servicio del grupo, Manuel C., ha sido especialmente gráfico al recordar que Ignacio Morchón Alonso les consideraba sus «obreros», término que utilizaba para referirse a ellos, y que no dejaba ni que sus hijos ni que su mujer «metieran mano en la empresa», como informa Europa Press. De hecho, ha añadido que la esposa, María del Rosario, era «una ama de casa de las antiguas que tenía la comida hecha cuando su marido llegaba a casa». El testigo reconocería más tarde, antes de concluir su interrogatorio, que un tío suyo es hermano de la aludida.

3.000 ataúdes chinos defectuosos

A lo largo de la jornada de este martes también han comparecido como testigos, a petición de las defensas, Ignacio C.C., en representación de una empresa valenciana de féretros, y Jesús V. de P., contable de dos empresas de Victorio Senovilla, encausado este último por, presuntamente, falsificar facturas para simular el aprovisionamiento de cajas a la familia Morchón.

En el primer caso, el representante de la mercantil Maderarte ha explicado que su empresa vendió en 2010 a Senovilla cerca de 3.000 ataúdes que previamente había adquirido en el mercado chino y que habían llegado con distintos defectos. Las cajas no podían ser vendidas al público tal cual y suponían un problema para la empresa valenciana, que necesitaba desprenderse de ellas y, al mismo tiempo, liberar de espacio su almacén.

Fue ahí donde a través de terceras personas contactaron con Victorio Senovilla y finalmente fraguó la operación en virtud de la cual este último se hizo con la totalidad de los 3.000 féretros «defectuosos», a un precio de 50 euros por unidad que precisaba de trabajos de restauración antes de ser comercializada.

«Se le hizo ese precio porque el compromiso era que se llevara todo el pack de las cajas a las que se puso el sello de semielaboradas», ha matizado Ignacio C.C, cuya testifical pretende así desmontar la tesis de las acusaciones de que el grupo funerario El Salvador habría recurrido a proveedores, como el caso de Senovilla, que emitían facturas falsas por féretros nunca entregados, dando apariencia así de legalidad al desfase de stock de cajas.

Por su parte, el que fuera contable de Victorio Senovilla y Fabricados Senovilla a lo largo de quince años, entre 2003 y 2018, ha negado que ambas empresas llevaran una doble contabilidad o que el industrial para el que trabajaba le hubiera dado indicaciones para presentar una contabilidad utilizando datos falsos.

De hecho, el testigo ha recordado que en sendas inspecciones de la Agencia Tributaria, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, le tocó representar a Victorio ante el fisco, aportando la facturación habida con Funeraria Castellana y para justificar la retirada de fondos de sus cuentas bancarias, sin que ninguna de esas actuaciones inspectoras concluyera con la apertura de expediente sancionador alguno.