Calvo da a entender que con las leyes de Concordia de PP y Vox no se busca a las víctimas de la Guerra Civil

Carmen Calvo ha visitado este viernes la capital vallisoletana para acudir a una conferencia titulada Memoria para la Defensa Democrática, en la Universidad de Valladolid. Una cita que le ha servido a la presidente del Consejo de Estado para defender la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y, de paso, retorcer el verdadero significado de las leyes de Concordia desarrolladas en algunas comunidades autónomas por PP y Vox para dar a entender que con estas normas no se busca a las víctimas de la Guerra Civil.

«Quien está buscando a su abuela o a su abuelo asesinado en una cuneta o una fosa, no va a tener concordia hasta que lo encuentre», ha señalado, en alusión a leyes como la que en su día promovieron los 'populares' y los de Santiago Abascal en Castilla y León y que, finalmente, los primeros no aprobaron en las Cortes tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico. Ahora, a las puertas de un nuevo acuerdo de gobierno entre los principales partidos de derechas en la Comunidad, la dirigente del PSOE alienta el miedo sobre lo que traerá el nuevo Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco.

La norma impulsada por Vox en Castilla y León contaba con un articulado claro en torno a la búsqueda de los desaparecidos en el fratricida conflicto bélico. De hecho, dentro de su Capítulo III, llamado a las claras «Reconocimiento de Víctimas», el artículo 7 –«Mapa de fosas»– estipulaba que «la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a propuesta o en colaboración con otras Administraciones Públicas o entidades, a través de los instrumentos jurídicos que correspondan, elaborará, actualizará y pondrá a disposición de los interesados, mapas de fosas dentro de su ámbito territorial, en los cuales constarán los terrenos en los que se localicen los restos de las víctimas».

Un articulado claro

El 8, lejos de lo que infiere Calvo, más de lo mismo. Bajo el explícito nombre de «Derecho a la recuperación de las personas desaparecidas», el texto indicaba que «toda víctima tiene derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos, en la forma prevista en el siguiente Título III de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial sobre protección de datos y la protección del derecho a la intimidad».

Unas palabras que no dejan lugar a dudas para nadie que se haya leído la Ley, aunque, para la exvicepresidente primera del Ejecutivo de Sánchez, «antes de la concordia, está la justicia, y antes tiene que estar la verdad: averiguar qué ocurrió y administrar justicia». «Esa es la obligación de un Estado de Derecho como el nuestro», añadía Calvo, al señalar que el papel del Gobierno de España al establecer una Ley de Memoria Democrática no solo tiene que ver con «un trabajo de reparación y dignidad», sino también con la «obligación legal» que marca el derecho internacional humanitario, como recoge la Agencia Ical.

«Una democracia no puede tener desaparecidos», ha insistido quien fuera un peso pesado en el Gobierno, ocupando distintas Carteras ministeriales, y también en el PSOE, donde llegó a ser secretaria de Igualdad. Para la alta funcionaria al frente del «supremo órgano consultivo del Gobierno de la Nación», este asunto debe ser tratado desde la «obligación legal de un modelo de Estado como el nuestro», al que habría que sumar la «ética» de la Ley de Memoria Democrática. «Luego pueden venir los sentimientos», ha afirmado en torno a una norma que no pocos tildan de «sectaria».

«Y ahí estamos convocados todos los demócratas, para cerrar filas frente a ideas que son en realidad muy antiguas y muy peligrosas y algunas de ellas inconstitucionales, porque no las puede poner en práctica un Estado como el nuestro», ha proseguido Calvo, quien ha indicado que hay que «buscar a los desaparecidos, te guste o no te guste» y «digas lo que digas ideológicamente». «Esas son las respuestas que les tenemos que dar a quienes de manera a veces bastante trilera, colocan en el debate político español ideas que son claramente antidemocráticas y van en contra de la Constitución que tenemos», ha reflexionado la presidenta del Consejo de Estado, en referencia a Vox.