La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en una imagen de archivo
PP y Vox 'ensayan' en Burgos la «prioridad nacional» mientras continúan negociando el Gobierno de Mañueco
Aprueban en el Pleno municipal una moción para dar «prioridad nacional» en la atención y prestación de servicios, excluyendo la atención «médica urgente» a inmigrantes sin papeles y asistencia jurídica gratuita
Mientras Partido Popular y Vox se encuentran inmersos en las negociaciones para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de un Ejecutivo de coalición en Castilla y León, ambas formaciones ensayan a nivel local lo que es su principal discrepancia: el asunto migratorio y, dentro de éste, la «prioridad nacional» que reclaman los de Santiago Abascal.
Los dos grupos han dado el visto bueno en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos a una moción presentada por Vox para dar «prioridad nacional» en la atención y prestación de servicios a las personas. El PP ha apoyado la propuesta con la inclusión de dos propuestas transaccionales referentes a la atención «médica urgente» a personas inmigrantes sin papeles y asistencia jurídica gratuita, como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas.
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Por el contrario, PP y Vox, que gobernaron en coalición en la capital burgalesa hasta finales de 2024, han votado en contra de una proposición llevada al Pleno municipal por el PSOE para reconocer «la contribución de los migrantes en el contexto de la ciudad y del resto del Estado», según recoge Europa Press.
En la proposición socialista, más allá del mero reconocimiento y apoyo al Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, el PSOE reclamaba un compromiso del Ayuntamiento con el «ejercicio eficaz» de sus competencias en materia de empadronamiento, y emisión de informes de vulnerabilidad social.
El PP acusa al PSOE de usar la regularización de inmigrantes como una «operación política cuidadosamente construida» para transformar un problema estructural en una herramienta de «confrontación partidista»
En la proposición socialista se instaba al Gobierno de Castilla y León a «colaborar lealmente» con el Gobierno de España en la aplicación del Real Decreto y el compromiso a impulsar, en el marco de las competencias municipales, «políticas activas de integración y convivencia» que garanticen la igualdad de trato.
El Grupo Popular ha alegado, en su rechazo a la propuesta del Grupo Socialista, que es una «operación política cuidadosamente construida» para transformar un problema estructural en una herramienta de «confrontación partidista».
Durante la sesión plenario, los 'populares' han marcado distancias con las propuestas de regularización masiva de inmigrantes ilegales, y han defendido un modelo de inmigración «legal, ordenada y regulada» frente a lo que consideran un «fracaso acumulado» de las políticas estatales.
Por su parte, Vox ha querido dejar claro que su postura no se dirige contra el colectivo inmigrante, sino contra la irregularidad y así el edil de esta formación, Raúl Martínez, ha argumentado que su partido no está «en contra de la inmigración, sino de la inmigración irregular e ilegal», a lo que ha añadido que ésta última es la que «salta vallas y agrede a las fuerzas de seguridad».
