Jupol acusa de «irresponsabilidad política» al delegado del Gobierno en Castilla y León por negar las bandas hispanoamericanas

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha calificado de «irresponsabilidad política» y «mensaje profundamente equivocado» para la ciudadanía y los agentes las declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en las que negaba la existencia de bandas latinas en Valladolid.

A través de un comunicado, la organización mayoritaria de la Policía Nacional ha mostrado su «profunda preocupación» ante estas palabras y ha alertado sobre el incremento de los delitos graves y violentos, así como de la «expansión y auge» de grupos juveniles organizados en Castilla y León que utilizan «de forma habitual armas blancas de grandes dimensiones y machetes».

El sindicato ha recordado que el último incidente de Las Moreras se saldó con varios jóvenes heridos y que el pasado mes de febrero la capital vallisoletana registró otro suceso violento con un fallecido en la calle Democracia.

Para hacer frente a esta situación, Jupol ha reclamado de forma «urgente» un incremento de la plantilla de la Policía Nacional en Valladolid y la dotación de «medios materiales adecuados», entre los que ha destacado la necesidad de chalecos antibalas y anticut texturizados de uso individual, y de dispositivos electrónicos de control (pistolas Taser) para todas las radiopatrullas.

Asimismo, la organización ha demandado a la Dirección General de la Policía la creación e implantación de protocolos «claros y específicos» de actuación policial ante bandas violentas juveniles, especialmente en intervenciones donde existan integrantes menores de edad, «con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y operativa de los agentes».

Por último, el sindicato ha reiterado la necesidad «urgente» de reconocer oficialmente la profesión de riesgo para la Policía Nacional y ha trasladado su apoyo y reconocimiento a los policías que intervinieron en la reyerta de Valladolid, cuya rápida actuación evitó consecuencias más graves.

Desde la entidad han concluido que la seguridad ciudadana debe situarse «por encima de discursos políticos y que la población tiene derecho a conocer la realidad de estos fenómenos violentos».