La ministra portavoz, Elma Saiz
La prioridad nacional que no aplica en Castilla y León: la del Gobierno, que prima a los inmigrantes en el IMV
La población extranjera de la Comunidad, el 9,6 % del total, se lleva el 16,6 % de las ayudas del ingreso mínimo vital y hay provincias donde obtiene casi un tercio
La «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas y los servicios públicos es una de las condiciones que ha impuesto Vox al PP en sus recientes pactos autonómicos. En el caso de Castilla y León no iba a ser menos y este «principio inspirador», en palabras del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, se aplicará en distintos ámbitos de las prestaciones autonómicas o en el acceso a la vivienda protegida en base al «arraigo» a la tierra. Hay, sin embargo, una ayuda en la que no se aplicará: el ingreso mínimo vital, donde se prima claramente a la población inmigrante.
El IMV, otorgado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha tenido un importe el pasado mayo que asciende hasta algo más de 500 millones de euros, con una cuantía media de 538,7 euros mensuales por hogar. En Castilla y León, la prestación es ligeramente inferior, de 528,93 euros mensuales, que suman en el total de la comunidad autónoma un coste de 20,46 millones de euros.
A diferencia de la prioridad nacional que se implantará en la Comunidad, y que incluye requisitos como, por ejemplo, haber residido en Castilla y León y España al menos cinco años para optar a un alquiler social o de diez para comprar una vivienda protegida, para conseguir el ingreso mínimo vital basta con «haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior», como señala el Departamento liderado por Elma Saiz.
Unas condiciones muy laxas y que, muy probablemente, facilitarán que cada vez un mayor número de foráneos cope estas ayudas gracias al reciente proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ahora, en Castilla y León la proporción de inmigrantes que cobra el IMV respecto a su población arroja una clara sobrerrepresentación. Y eso que el Ministerio no informa sobre cuántas de las personas que constan como de nacionalidad española en realidad son de origen extranjero.
Colas de inmigrantes ilegales para conseguir su regularización en España
En la Comunidad, el mes pasado, recibieron el ingreso mínimo vital un total de 37.108 hogares, de los cuales 30.947 fueron españoles y 6.151, extranjeros. En porcentaje, estas cifras suponen que el 83,4 % de los IMV van a parar a los bolsillos de hogares nacionales y el 16,6 %, a foráneos, cuando éstos son apenas el 9,2 % del total de la población residente en Castilla y León. O, lo que es lo mismo, se llevan casi el doble de las ayudas que les corresponderían por peso poblacional.
Segovia y Soria, a la cabeza
Esta sobrerrepresentación, sin embargo, no es uniforme, ya que hay provincias donde, con un porcentaje de población similar, ya copan cerca de un tercio de los IMV. Se trata de Segovia y Soria. En la primera, de 2.013 ingresos mínimos vitales, 1.398 van a parar a hogares españoles y 615, a extranjeros. En la segunda, de 1.026 IMV, 639 recalan en los bolsillos de beneficiarios nacionales y 328, en los de foráneos, una situación que no se produce en ninguna de las otras siete provincias de Castilla y León.
En poco más de la mitad de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (18.888); en otros 11.569 no hay menores y los 6.651 restantes son monoparentales. Respecto a la distribución de los beneficiarios por sexos, 24.304 son mujeres y 12.804, hombres. «La prestación está llegando a quienes más la necesitan», asevera Saiz sobre estas ayudas.