El Gobierno de Mañueco y Pollán blindará la vivienda pública ante los okupas y los inmigrantes recién llegados

La vivienda es uno de los asuntos que durante los últimos años más preocupa a los españoles y su acceso ha sido algo reivindicado históricamente con mayor ahínco desde la izquierda. Sin embargo, un asunto con un carácter tan transversal no se le escapa a las fuerzas de la derecha, que, principalmente en los últimos tiempos, vienen promoviendo distintas fórmulas para mejorar una situación caracterizada por un alza de los precios, sobre todo del alquiler.

En este sentido, desde Vox han potenciado en los últimos meses el perfil de Carlos Hernández Quero, portavoz de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados y miembro del Comité Ejecutivo Nacional en sustitución del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo.

Fuentes de la formación liderada por Santiago Abascal explican que el dirigente madrileño ha sido, junto con el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, uno de los encargados de negociar el pacto de gobierno con el PP de Alfonso Fernández Mañueco y que su huella se nota en el documento, en el que el peso de Vox en materia de vivienda es claro, aunque lleve la rúbrica de los líderes autonómicos de ambos partidos.

Así, el futuro nuevo Gobierno de coalición en la Junta de Castilla y León blindará la vivienda pública ante los okupas y los inmigrantes recién llegados, en la línea marcada por la «prioridad nacional». De esta manera, el punto 15.15 del pacto entre los 'populares' y el próximo vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán, señala que el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social estará inspirado en ese principio, «adecuado a la legalidad vigente» para que se asignen de forma prioritaria los recursos públicos a aquellas personas con «arraigo real, duradero y verificable» con el territorio.

En concreto, PP y Vox exigirán un arraigo basado en el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España de un mínimo de diez años en el caso de la compra y de cinco en el del alquiler. Además, se reforzarán los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como «elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del demandante con el territorio».

«El objetivo –explican las dos fuerzas de la derecha en su acuerdo– es garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer los proyectos de vida, permitir el retorno de miles de castellanos y leoneses forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda».

Y, además de priorizar perfiles, como los jóvenes, las familias numerosas o las que tienen personas con discapacidad o dependencia a su cargo, se excluirá a los okupas. O a buena parte de ellos. ¿La fórmula? La Justicia. El pacto señala que para optar a una de estas viviendas protegidas se excluirá a «aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años». «Los mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública», añaden.

Otras medidas frente a la okupación

El acuerdo de gobierno de Vox y los 'populares' incluye otras medidas para combatir la okupación, tales como la reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la propia usurpación de inmuebles, así como la «defensa jurídica y la protección efectiva» ante los okupas.

En su punto 15.17, que versa sobre este último tema, el pacto señala que «se garantizará, mediante la suscripción de convenios con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, el asesoramiento jurídico inmediato a propietarios y comunidades de vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, tanto en supuestos de usurpación como de allanamiento de morada».

«Este apoyo incluirá asistencia legal, acompañamiento institucional y en los casos más graves medidas de apoyo habitacional y social para las víctimas que sean vulnerados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vivienda y a la intimidad», agregan. Asimismo, mantendrán una «oposición frontal» a la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y exigirán la «aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas» contenidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Para su aplicación, PP y Vox avanzan que «se desarrollarán mecanismos autonómicos de apoyo a las víctimas para garantizar la efectividad real de estos procedimientos y evitar dilaciones que perpetúen situaciones de ocupación ilegal».