Todo lo que se sabe del nuevo caso de corrupción socialista en el gran feudo del PSOE en Castilla y León

La liebre saltaba este martes. En torno a las diez y media de la mañana, la Subdelegación del Gobierno en Soria informaba que, desde primera hora, agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil estaban practicando un registro en «dependencias» del Ayuntamiento por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad «que tendrían que ver con el área de Comercio del Ayuntamiento». El asunto apuntaba desde el principio a que podía ser muy perjudicial para el PSOE de Castilla y León, pero, según avanzaba la jornada se confirmaba que había un nuevo caso de corrupción socialista que golpeaba de lleno a su líder, Carlos Martínez.

Y es que, a la hora de redactar estas líneas, el secretario general de los del puño y la rosa en la Comunidad, casi 20 años alcalde de Soria –cargo que abandonó en abril, al pasar a ser procurador en Cortes tras las elecciones– tiene una responsabilidad clara, cuando menos por culpa in vigilando, sobre la amalgama de delitos por los que han sido detenidas seis personas: dos de ellas en la Comunidad de Madrid y el resto, cuatro, en la pequeña ciudad castellana; entre ellas, la que ha sido durante siete años una de sus concejales, Yolanda Santos.

La operación, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria, tras la denuncia de un empresario, coloca a Santos como la protagonista de una trama de adjudicación de contratos que, según las primeras averiguaciones, se corresponde con los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Y es que, la edil, de acuerdo con las primeras averiguaciones, habría beneficiado desde el Consistorio a la empresa Biosfera Soria, en la que tuvo el cargo de administradora solidaria hasta que renunció para pasar a formar parte del Gobierno de Martínez, en julio de 2019. Por aquel entonces, se convirtió en la responsable de la Concejalía de Comercio, la cual cambiaría posteriormente por la de Medio Ambiente, que es la que ostenta en la actualidad, a la espera de cómo deriva su situación procesal y las responsabilidades políticas que podría tener que asumir.

A última hora de la tarde de este martes, las diligencias seguían abiertas y los agentes del Instituto Armado seguían desarrollando las actuaciones necesarias «para el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos», según la Subdelegación del Gobierno.

Por ahora, no se sabe la identidad del resto de partícipes en este supuesto nuevo caso de corrupción del PSOE en el que es su principal feudo en Castilla y León, tras casi dos décadas de Gobierno ininterrumpido de Martínez y, recientemente, de Javier Antón, al que le estalla un escándalo escasos dos meses después de tomar el bastón de mando de la capital soriana, al que accedió tras la dimisión de una concejal para que los socialistas pudieran correr la lista y darle el cargo al elegido por Martínez, quien se quedó sin asiento en el Pleno tras los comicios del 15 de marzo.

Por el momento, lo que ha trascendido es que los miembros de la Benemérita solamente han pedido la información referida a Biosfera Soria, que todavía tendría vínculos con Santos y que se habría llevado en los últimos años, y durante el mandato de Martínez, varias adjudicaciones de contratos por valor de, al menos, varias decenas de miles de euros, que habrían ido a parar, de forma contraria a la Ley, a personas cercanas a la concejal.

En este sentido, la Guardia Civil también ha registrado dos domicilios particulares dentro de una operación que se ha alargado durante buena parte del día, hasta pasadas las ocho de la tarde, y que ya, a la espera de conocer más detalles, pone en un nuevo brete al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien apenas había tenido tiempo para empezar a digerir la dura condena contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.