El alcalde de Soria, el socialista Javier Antón
El Tribunal de Instancia de Soria aclara que avisó del registro del Ayuntamiento un día antes pero sin dar detalles
Señala que en el oficio no se concretó ni la fecha ni la hora de la actuación; tampoco el objeto de las diligencias ni los hechos investigados, las posibles infracciones penales o las personas afectadas
La sombra de un posible chivatazo al Ayuntamiento de Soria por el nuevo caso de corrupción del PSOE ha obligado al Tribunal de Instancia de Soria a aclarar que sí hubo comunicación sobre esa operación de la Guardia Civil, pero sin dar ningún detalle que pudiera comprometer la investigación. Vox y PP han presentado sendas querellas por la presunta filtración después de que el líder del PSOE de Castilla y León y alcalde de la capital soriana hasta el pasado abril, Carlos Martínez, indicara en unas declaraciones a El País –posteriormente 'corregidas'– que supo que se iba a producir la entrada y registro de la Policía Judicial por un asunto «leve» de tráfico de influencias.
Finalmente, el caso distaba mucho de no revestir gravedad y lo que se investiga son los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Tras las pesquisas del Instituto Armado y el Tribunal de Instancia plaza 3 de Soria, fueron detenidas y puestas en libertad con cargos siete personas; entre ellas la concejal de Medio Ambiente, Yolanda Santos, quien ya ha renunciado a su acta y se ha dado de baja de militancia del PSOE.
Ahora, el Tribunal de Instancia soriano señala que «de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los órganos judiciales pueden acordar la entrada y registro en dependencias públicas cuando existan indicios relevantes para una investigación». En concreto, precisa, el artículo 546 «establece que el juez o tribunal podrá decretar la entrada y registro en edificios y lugares públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan encontrarse personas, efectos o documentación relacionada con un delito».
Asimismo, se refiere al artículo 547, que «considera edificios o lugares públicos, entre otros, aquellos destinados a servicios oficiales de la Administración estatal, autonómica o local, incluyendo expresamente los dependientes de los municipios».
«Por su parte, el artículo 564 dispone que, en estos casos, el órgano judicial debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar –en este caso, quien ostenta la custodia de la documentación municipal– a fin de posibilitar la práctica de la diligencia, previendo asimismo que, en caso de no atenderse el requerimiento en el plazo fijado, la notificación pueda realizarse al encargado de la conservación o custodia del edificio», añaden desde el Tribunal de Instancia que, según han difundido fuentes del TSJCyL, «remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal».
El nuevo alcalde de Soria, Javier Antón, junto al secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez.
En el mismo, detalla, «se puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas».
Advirtió sobre su carácter secreto
El escrito agrega que el oficio incorporó «una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas».
«En respuesta a dicho requerimiento, el alcalde trasladó su total disponibilidad y colaboración con el tribunal para facilitar cuantas actuaciones sean necesarias en el marco de las funciones legalmente atribuidas y con estricta observancia de las indicaciones contenidas en el mencionado oficio. A tal efecto, se puso a disposición del órgano judicial para atender las comunicaciones que procedieran y coordinar lo necesario a fin de dar debido cumplimiento a lo interesado con la máxima diligencia y la debida reserva», afirma el Tribunal de Instancia, que apunta a que «este tipo de comunicaciones responde a la necesidad de garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales, así como su confidencialidad, en los términos legalmente establecidos».
Este comunicado coincide con la versión expuesta este jueves por el Consistorio soriano, liderado por Javier Antón, quien tomó el relevo de Martínez tras 19 años al frente de la Corporación Municipal soriana. El Ayuntamiento socialista afirmó que el juzgado remitió el lunes una notificación al alcalde para que custodiara la documentación del Consistorio y facilitara el acceso al a misma cuando fuera requerida en el marco de una investigación judicial en curso. Ahora la duda es si desde el Ayuntamiento se avisó a Martínez en un caso que golpea de lleno al que era su Gobierno y por qué.
