Castilla y León impulsará 5.000 viviendas protegidas esta legislatura y creará un portal de suelo público

La Junta de Castilla y León creará un portal de suelo público que facilite su «inmediata» puesta a disposición y construirá al menos 5.000 viviendas protegidas durante esta legislatura. Además, se mejorarán las líneas de ayudas para el alquiler y la compra de vivienda y se pondrá en marcha la Unidad Aceleradora de Proyectos de Vivienda de Protección Oficial, entre otras medidas.

Así lo anunció hoy la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, durante su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para informar a petición propia del programa de actuaciones de los centros directivos dependientes funcionalmente de su área en esta legislatura.

En ese sentido, la vicepresidenta, que situó a Castilla y León como un «referente» en políticas de vivienda, prometió incrementar un 80 % la inversión en políticas de vivienda, que recordó en el medio rural son herramientas «esenciales de cohesión y equilibrio territorial». «Sin una política de vivienda eficaz no es posible fijar población ni combatir la despoblación», agregó.

Según recoge Ical, Blanco explicó que la bolsa pública de suelo ofrecerá la información sobre todo el terreno residencial, industrial y dotacional apto para el uso residencial de titularidad autonómica, provincial y municipal. Al tiempo, se establecerán mecanismos para generalizar la cesión gratuita en favor de la Junta de los que formen parte de los parques provinciales y municipales.

Asimismo, la vicepresidencia aclaró que recibirán, en caso necesario, una nueva ordenación mediante planes regionales que permitirá abaratar el coste de la vivienda protegida que sobre ellos se construya. Además, se promoverán cambios en la legislación urbanística y de ordenación del territorio de la Comunidad para facilitar su desarrollo.

En este momento explicó que existen ya cuatro, aprobados o en tramitación, en Segovia, Aguilar de Campoo (Palencia), Medina de Rioseco (Valladolid) y Ólvega (Soria), que permitirán desarrollar 1.455 nuevas viviendas de las que 814 serán viviendas protegidas, a los que se sumarán, inicialmente, otros tres: los de Viana de Cega, Guijuelo o Paredes de Nava, pendiente su inicio por la tramitación ambiental, que añadirían otras 558 viviendas nuevas, de las cuales 366 serán protegidas.

Otra de las novedades serán las líneas de ayudas a los promotores públicos y privados para la ejecución de las obras de urbanización necesarias para la obtención de suelo finalista. Se trata, dijo, de un «obstáculo» que lastra la construcción de vivienda ante la existencia de parcelas vacantes con urbanización deficiente o sin urbanización, lo que trasladó choca con la urgencia social de la «insuficiente» oferta de vivienda protegida.

También, avanzó la reducción de trabas administrativas para agilizar la construcción de vivienda en los desarrollos residenciales simplificando los requisitos urbanísticos y abaratando el coste de las viviendas. Además, se creará la Unidad Aceleradora de Proyectos de Vivienda de Protección Oficial, destinada a la tramitación preferente y agilización administrativa de aquellas promociones que superen las 50 viviendas protegidas, para reducir plazos, mejorar la eficiencia en la gestión y facilitar la rápida puesta en el mercado de vivienda asequible.

En paralelo, se aprobará el decreto por el que se regulan las entidades certificadoras en el ámbito de la vivienda, la arquitectura, la ordenación del territorio y el urbanismo para contribuir a recortar los plazos en la concesión de licencias urbanísticas o la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. También, se tramitarán reformas para otorgar la calificación «permanente» de las viviendas que accedan a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda.

De nuevo, la vicepresidenta comprometió 5.000 viviendas protegidas en esta legislatura, si bien actualmente se están construyendo 1.300 y están programadas 1.180 a través de los planes territoriales y 126 mediante planes parciales y otras 808 mediante diferentes actuaciones urbanísticas en Fuensaldaña, Villamuriel de Cerrato y Valladolid.

También están programadas inicialmente, según Isabel Blanco, la construcción de 845 viviendas de alquiler para el período 2026-2030 de las que al menos un 10 % serán mediante actuaciones de rehabilitación e industrialización. En venta, citó otras 1.141 casas unifamiliares para venta con una bonificación del 20 % para jóvenes.

Rehabitare privado

A todas estas se suma las 804 viviendas correspondiente al Programa Rehabitare, que destacó ha actuado sobre casi 700 por importe de 41,5 millones la pasada legislatura. En esta, se prevén otras 264 por importe de 25,5 millones, así como la creación del denominado Rehabitare Privado, que incentivará al propietario de una vivienda vacía a su rehabilitación mediante fondos públicos, a cambio de su puesta en el mercado con un alquiler social.

Por último, avanzó que antes de finalizar este año la Junta firmará un convenio piloto para iniciar este programa para lo que aprobarán unas bases y una convocatoria de ayudas -convenio piloto con la Diputación de Zamora con aportaciones de 600.000 euros a cuatro años por cada parte firmante-. Una vez se extienda a todas las provincias, se llegaría a unas 540 más en toda la Comunidad.

«Progresividad» y arraigo por empadronamiento

Asimismo, Blanco anunció que la Junta incluirá en las próximas convocatorias de las ayudas al alquiler el principio de «progresividad» y el arraigo vinculado al empadronamiento, para que aquellos que reciban prestaciones públicas acrediten, «sea cual sea su procedencia», una vinculación «legal, efectiva y estable» con Castilla y León. Además, se incrementarán las cuantías para jóvenes y habitantes del medio rural.

Blanco comprometió las partidas necesarias para garantizar que la ayuda llega a todos los solicitantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos, lo que que en la pasada legislatura recordó supuso 100 millones de euros adicionales a los fondos contemplados por parte del Estado en el Plan de Vivienda. Por ello, reclamó una financiación «suficiente, justa y acorde» con las necesidades «reales» de Castilla y León.

Al respecto, denunció que el nuevo Plan Estatal llega «tarde», sin el «consenso» necesario y con una financiación «claramente insuficiente». En concreto, apuntó que Castilla y León asume un esfuerzo presupuestario superior al del Estado, puesto que se pasa de una aportación del Estado del 80 o 75 % al 60 %, a lo que se añaden los fondos adicionales para cubrir el total de solicitudes de las diferentes convocatorias.

Igualmente, la vicepresidenta prometió ampliar la línea de avales del programa Mi primera Vivienda, por lo que el porcentaje de capital garantizado pasará del 17,5 al 20 %, lo que permitirá acceder al 100 % del préstamo y reducir el «ahorro previo necesario». Desde la implantación de esta línea en el año 2023 se han suscrito casi 2.000 hipotecas y a lo largo de esta legislatura aseguró que se van a incrementar ese número de modo «significativo».

En paralelo, anunció que se establecerán nuevas políticas de vivienda dirigidas a personas de hasta 40 años, entre las que se incluyan bonificaciones fiscales y programas de vivienda que favorezcan el acceso a la propiedad. Además, se creará la cuenta ahorro vivienda joven junto con una amplia batería de incentivos fiscales, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a aquellas familias que viven en el mundo rural.