El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII Legislatura.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, presenta el programa de actuaciones que desarrollará por su departamento en la XII Legislatura.Rubén Cacho

Prioridad nacional, apoyo a las familias y menos burocracia: las claves de la Consejería de Desregulación de Castilla y León

La Junta dará prioridad en sus ayudas a los países que colaboren en la repatriación de menores y suprimirá todas las subvenciones, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente con la inmigración ilegal

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León presentó este lunes en las Cortes las líneas maestras que marcarán su actuación durante la legislatura. El consejero y también vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, avanzó una hoja de ruta que sitúa la prioridad nacional como uno de los principios que inspirarán el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas y la política migratoria, al tiempo que apuesta por reducir la burocracia, reforzar el apoyo a las familias e impulsar medidas en materia de juventud, infancia, exclusión social y adicciones.

En concreto, la prioridad nacional será uno de los ejes de actuación del departamento. La Junta reformulará los criterios de concesión de las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas para inspirarlas en ese principio, siempre dentro de la legalidad vigente. Además, Pollán defendió que la prioridad nacional se convierta también en el «principio informador» de la política migratoria.

En ese ámbito, la Consejería promoverá acuerdos con los países de origen para facilitar y agilizar el retorno y la repatriación efectiva de menas con sus padres y reducirá al mínimo legal exigido la cooperación internacional al desarrollo, favoreciendo, en la medida de lo posible, a aquellos países con los que Castilla y León pueda alcanzar acuerdos de retorno y repatriación de menores.

Asimismo, confirmó que instará a la Fiscalía a realizar pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios. También suprimirá las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que, según la Junta, participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal o actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

Además, no habilitará nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales ni ampliará las plazas de los ya existentes y reforzará los protocolos de intervención y la seguridad de los trabajadores en los centros de menores.

La desregulación administrativa es otro de los ejes del programa. Entre las medidas anunciadas figuran la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa, la generalización del silencio administrativo positivo y el impulso de la declaración responsable y de la comunicación previa para agilizar los trámites y reducir las cargas burocráticas.

Durante su intervención, Pollán defendió estas actuaciones como respuesta al «monstruo voraz de la hiperregulación» y recordó que las comunidades autónomas han aprobado el 76,6 % de las cerca de 500.000 normas dictadas por todas las administraciones públicas en los últimos 45 años. Además, señaló que en 2022 y 2023 los boletines oficiales superaron el millón de páginas anuales, el equivalente a unos 300 metros de papel, dos veces la altura de la pirámide de Keops.

Familia

En materia de familia, la Junta incrementará progresivamente la cuantía del Bono Nacimiento en función de la renta y del número de hijos y abonará esta ayuda en un único pago. También mantendrá el Bono Concilia para familias con menores de cero a tres años, ampliará el Bono Infantil elevando los umbrales de renta para que llegue a más familias y permita acceder a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio fuera del horario escolar e introducirá mejoras en el programa Conciliamos, además de mantener Madrugadores y Tardes en el Cole.

A ello se suman medidas para reforzar el apoyo económico a las familias, favorecer la conciliación e impulsar la mediación familiar y la prevención de conflictos.

En el ámbito de la exclusión social, Pollán contrapuso la Renta Garantizada de Ciudadanía al Ingreso Mínimo Vital, al considerar que representan «dos maneras distintas y contradictorias de entender las ayudas sociales». Defendió que la prestación autonómica continúe vinculada al cumplimiento de obligaciones y compromisos orientados a favorecer la integración social de las personas en riesgo de exclusión.

La hoja de ruta también contempla reforzar el programa de acogimiento familiar mediante más recursos para la captación, formación, valoración y acompañamiento técnico de familias acogedoras. En materia de juventud, la Consejería desarrollará medidas dirigidas a favorecer la formación complementaria, la retención del talento y el empleo juvenil, además de impulsar el ocio y el tiempo libre como un ámbito con potencial para generar empleo juvenil.

Comisionado para las Adicciones

Por último, Pollán anunció el cambio de denominación del Comisionado Regional para la Droga, que pasará a llamarse Comisionado para las Adicciones. La Junta actualizará además la normativa para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones comportamentales o sin sustancia, con el objetivo de garantizar una adecuada protección de la salud pública, especialmente de los menores y los colectivos vulnerables, y adaptar las políticas públicas a la realidad social emergente.

Asimismo, reforzará el funcionamiento interno de los centros de protección residencial de menores para mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los trabajadores, además de establecer criterios homogéneos de dotación profesional adaptados a las características de cada recurso.

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