La Junta de Castilla y León abre 26 expedientes para verificar la edad de los menas

La Junta de Castilla y León mantiene abiertos 26 procedimientos de verificación de la edad de menas a través de la solicitud cursada a las fiscalías provinciales en aquellos casos en los que no existe documentación de su país de origen. El objetivo es hacer las pruebas a «todos» los tutelados por la Comunidad a través de una solicitud «fundamentada» y siempre de acuerdo a la legalidad vigente.

En la comparecencia ante las Cortes para presentar el programa de actuaciones para esta XII Legislatura, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ofreció estos datos a preguntas de los portavoces parlamentarios y aclaró que de los 190 menores migrantes no acompañados que acoge la Comunidad, 185 tienen entre 14 y 17 años. Esto, añadió, «tira por tierra» el «relato» que habla de «niños y niñas».

Asimismo, el vicepresidente precisó a preguntas de Vox que atender a los menores migrantes no acompañados supone para las arcas de la Comunidad unos 150 euros diarios, lo que recordó equivale en diez días al importe del Bono Nacimiento que se concede a una familia con 40.000 euros de renta (1.500 euros).

Al respecto, el vicepresidente y consejero aseguró que son «adolescentes» en la práctica totalidad, por lo que señaló que no tienen uno sino dos pies en la mayoría de edad. A su juicio «no es lo mismo» que tengan 14, que 17 que nueve o diez años, ya que apuntó en los centros pueden estar conviviendo menores con chicos mayores o adultos. Por ello, rechazó las críticas de la oposición a estas pruebas, así como a la acogida de menas, ya que reiteró es «imposible absolutamente» recibir a más, al estar el sistema por encima del límite máximo (190).

En ese sentido, explicó que el 80 % de las pruebas realizadas en Aragón a los menas han determinado que no eran menores, por lo que se preguntó por qué desde la oposición rechazan que se hagan estos estudios sobre la edad. Además, recordó que en Extremadura se ha conocido que un 18 % de los acogidos tienen familia en España, por lo que la Junta incidirá también en esta cuestión.

Igualmente, Pollán defendió el «rechazo absoluto» a la política migratoria del Gobierno ya que aseguró está produciendo un «efecto llamada» y, como ejemplo, puso los 1,2 millones de solicitudes para la regularización extraordinaria. También prometió suscribir acuerdos con los países de origen a través del artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, la vinculación de las ayudas de cooperación al desarrollo a la colaboración en la repatriación y la eliminación de las ayudas a organizaciones que colaboren con las medidas de «puertas abiertas».

Igualdad frente a prioridad nacional

La portavoz socialista Carmen Iglesias negó que exista un «efecto llamada» por la regularización extraordinaria del Gobierno ya que argumentó estos trabajadores ya estaban en España, si bien ahora se busca impedir que sean explotados. Además, afirmó que los servicios no colapsan por ello, sino porque se les dedica «poco» presupuesto, según recoge Ical. También manifestó que estas personas y los menores «no tienen precio», sino «valor» por su dignidad como seres humanos.

Pollán aclaró en dos ocasiones, tras la insistencia de la portavoz socialista, que los españoles y los inmigrantes en situación regular podrán acceder a las ayudas y servicios en igualdad de condiciones. Además precisó que la Junta está obligada por la normativa nacional e internacional a la acogida de los menas y se preguntó cuál es la idea de «patria» y «españolidad» del vicepresidente cuando no quiere que Castilla y León se haga responsable del «problema» que sufren territorios como Ceuta por su ubicación.

También reivindicó frente a la prioridad nacional la Constitución, el Estatuto de autonomía, los derechos fundamentales y la igualdad. De esta forma, rechazó cualquier tipo de discriminación por origen y defendió que los inmigrantes representan una «oportunidad» para que la Comunidad afronte la despoblación y el envejecimiento. «Sí, necesitamos inmigración en Castilla y León», dijo, mientras Carlos Pollán negó que sea «xenófobo» exigir arraigo y vinculación para acceder a las ayudas con el fin de que los españoles se vean «relegados» por los que están en situación ilegal.

Por su parte, el procurador de Soria YA, Ángel Ceña, preguntó al vicepresidente por el futuro del centro de acogida de menores que construye el Gobierno en la capital de su provincia. «Veremos cuando esté hecho», le respondió Pollán quien reiteró su «oposición frontal» a las políticas de Sánchez y defendió las «auditorías» sobre las partidas destinadas a la inmigración ilegal y la supresión de las ayudas a organizaciones vinculadas a ello.

Cumplimiento de la ley

El portavoz de Vox, David Hierro, se preguntó quién puede estar en contra de que se cumpla la ley por lo que abogó por la firma de acuerdos con países de origen para facilitar el retorno de menores migrantes no acompañados. Además, se preguntó «cuál» es el precio de atenderles para los castellanos y leoneses e insistió en el «efecto llamada» tras crecer la inmigración un 680 % en los últimos años.

Por ello, defendió la aplicación de la prioridad nacional en las ayudas al alquiler de viviendas y retó a los portavoces a manifestar que no había españoles que merezcan un acceso «por delante» de los extranjeros en estas convocatorias. «Que la prioridad nacional comience a ser una realidad. Eso es lo que nos piden los ciudadanos», apostilló.

Finalmente, la portavoz ‘popular’ Elena Bollo evitó responder a las alusiones de su homóloga socialista en la comisión y valoró la intervención de Pollán para dar cuenta de las medidas de su departamento, que recordó responde al pacto de gobierno suscrito con Vox.