La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura.
Castilla y León presentará alegaciones al Real Decreto sobre centros de datos del Gobierno que «frenará» inversiones
La Junta rechaza que las nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha y no ve «razonable cambiar las reglas»
Las consejerías de Medio Ambiente y Energía y de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Castilla y León han presentado alegaciones al borrador de Real Decreto del Gobierno para regular de forma más estricta los centros de datos al considerar que la norma, tal y como está planteada, «frena inversiones futuras» en la Comunidad y pone en riesgo proyectos ya en marcha.
Asimismo, ambas consejerías de la Junta de Castilla y León considera que puede perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación por lo que en las alegaciones formuladas se piden normas regulatorias «equilibradas y coherentes», ya que las condiciones planteadas son inasumibles e impiden en la práctica la instalación de nuevos centros o ponen en peligro proyectos que ya han invertido.
Uno de los principales problemas que plantea el proyecto es que obliga a los centros a cubrir el 80 % de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, a demostrar ese porcentaje hora a hora.
Esto resulta «especialmente difícil» para instalaciones que necesitan funcionar de forma continua, mientras que la producción solar y eólica no es constante durante todo el día, como han asegurado desde el Gobierno regional, que considera que debe permitirse utilizar también otras soluciones, como el almacenamiento de energía o la gestión flexible del consumo.
Asimismo, la Junta rechaza que estas nuevas exigencias puedan aplicarse a proyectos que ya están en marcha y no ve «razonable cambiar las reglas» cuando una empresa o una administración ya ha comprado terrenos, realizado inversiones, obtenido permisos o puesto en marcha una actuación.
Otro de los puntos especialmente cuestionados son las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500 por ciento además de que la Junta cree que una norma «excesivamente restrictiva» puede hacer que las inversiones se vayan a otros países que ofrecen condiciones más competitivas.
Esto supondría perder oportunidades para Castilla y León en sectores como la inteligencia artificial, la supercomputación, los servicios digitales, la innovación y el empleo cualificado cuando el objetivo debe ser conseguir centros de datos «sostenibles», pero también hacer posible que se construyan y generen actividad y empleo en la Comunidad, especialmente en el medio rural.
Igualmente, la Junta considera especialmente importante que el proyecto de Real Decreto distinga entre los grandes centros de datos comerciales y las infraestructuras públicas dedicadas a la investigación y al conocimiento.
Es el caso de Scayle el Centro de Supercomputación de Castilla y León, una infraestructura pública que presta servicio a universidades, empresas y administraciones y que trabaja en ámbitos como la investigación, la inteligencia artificial y la innovación.
Al respecto, Castilla y León considera que no «tiene sentido» aplicar exactamente las mismas reglas a un centro científico-público que a un gran centro de datos comercial, porque su finalidad y su forma de funcionar son diferentes.
