Castilla y León tiene 7 de los 15 pueblos con más porcentaje de votantes en el extranjero que residentes

Castilla y León cuenta con siete de los 15 municipios españoles con mayor proporción del censo electoral de los residentes ausentes, el CERA, sobre el censo total.

Un ejemplo es el pequeño pueblo de Valdeprado, en Soria, donde hay censados tan solo 7 habitantes a fecha de 1 de julio de 2026, según el INE. Sin embargo, 38 personas votarán en las próximas elecciones generales desde esta localidad al estar adscritos en el CERA, un 84,4 %, frente al 15,6 % de residentes reales.

El pueblo soriano es el segundo con mayor porcentaje de votantes de fuera de toda España, solo por detrás de Ventrosa, en La Rioja, que cuenta con un 86,8 % de residentes en el extranjero (296 por 45 empadronados reales).

Lejos de tratarse de un caso aislado, el soriano es uno de los muchos municipios en los que son más los votantes de fuera que los residentes en los pueblos, como consecuencia de las nacionalizaciones masivas concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la ley de nietos, tal y como se conoce a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Otro ejemplo es el del pequeño pueblo salmantino de Olmedo de Camaces, que cuenta con apenas 82 residentes reales con derecho a voto en el municipio; en cambio tiene inscritas a 205 personas censadas en el extranjero bajo el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Por tanto, el peso de los votantes en el extranjero es el 71,4 % del electorado total del municipio, lo que significa que el futuro político de esta pequeña localidad de la comarca de Vitigudino podrían depender de personas que no residen en ella.

Pero además de estos dos ejemplos, Castilla y León tiene decenas de pueblos en esta situación, siete de ellos entre los 15 más extremos, como Fuentestrún (Soria), Juanciana (Ávila), Jaramillo Quemado (Burgos), Molezuelas de la Carballeda (Zamora) o Trévago (Soria).

De hecho, según las cifras mensuales del Instituto Nacional de Estadística, el CERA ha pasado de 2.285.830 inscritos en octubre de 2022 (antes de la aplicación de la ley), a 2.708.083 en mayo de 2026. Por tanto, 422.253 electores nuevos, que representan un 18,5 % en algo más de tres años.

El secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Gabriel Araújo, ha realizado un exhaustivo trabajo en el que ha concluido que 164 municipios de España cuentan con, al menos, la mitad de su censo como votantes del CERA, es decir que igualan o superar a los residentes (CER).

En cuanto al número de electores CER en esos 164 municipios, son 56.913, por 76.206 que son del CERA. El peso del CERA sobre el CER en el conjunto de España es del 7,68 %, según los resultados del estudio de Araújo que ha consultado El Debate.

Sin embargo, el pasado martes, el Tribunal Supremo suspendió el derecho al voto de miles de ciudadanos naturalizados. Los afectados son beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, y que fue aprobada en octubre de 2022.

Esa normativa permite optar por la nacionalidad a los nacidos fuera de España que sean descendientes de exiliados durante el periodo de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

La normativa ha beneficiado ya a miles de ciudadanos de distintos países del mundo y en la práctica, la decisión del Tribunal Supremo paraliza la inscripción inmediata de estos ciudadanos en el padrón electoral y los obliga a demostrar que son familiares de españoles exiliados para poder ejercer su derecho al sufragio. Es decir, no suspende la obtención de la nacionalidad, sino la posibilidad de votar.