El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Miriam Chacón

La Junta de Castilla y León recurrirá la ley de nietos del Gobierno si invade competencias autonómicas

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Junta

La Junta de Castilla y León recurrirá la conocida como ley de nietos, una disposición prevista en la norma de Memoria Democrática aprobada en 2022, si el estudio jurídico solicitado este miércoles por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, determina que se ha producido una invasión de las competencias autonómicas «de forma directa».

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó a preguntas de los periodistas la petición de Pollán, impulsada también por los vicepresidentes de Vox en Aragón y Extremadura, frente a la denominada ley de nietos en lo referido a la concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles y su inclusión en el censo electoral.

De esta forma, Fernández Carriedo apuntó que si el informe encargado a los servicios jurídicos de la Junta determina que esta normativa afecta a las competencias autonómicas se presentará una demanda judicial en los «términos más oportunos» y ante la «institución» que pueda corresponder.

No obstante, el portavoz del Ejecutivo que comparten PP y Vox no se refirió a las acusaciones lanzadas por los de Santiago Abascal que sostiene que la ley de nietos compromete la «limpieza» de las elecciones, en concreto de las próximas generales, porque se trata de una «maniobra de ingeniería electoral».

Finalmente, el consejero portavoz reiteró el respeto de la Junta a las decisiones judiciales y enmarcó el recurso en la invasión de competencias de la Comunidad, aunque señaló que la existencia de «contradicciones normativas» no impide que haya «márgenes de actuación» de carácter político.

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