Foto oficial de la diputada socialista Patricia Martínez Caño
Una ayuda de 2.500 euros abre una investigación en la Diputación de León que salpica a una diputada socialista
Las actuaciones judiciales le atribuyen presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y denuncia falsa
La denegación de una ayuda de 2.500 euros del programa Vivienda Rural Joven ha desencadenado una investigación penal que ya salpica a la diputada provincial de Juventud y Deportes, la socialista Patricia Martínez Caño (Valderas 1991), y a dos funcionarias de la Diputación de León. Lo que comenzó como un expediente administrativo rutinario ha terminado convertido en un caso judicial que cuestiona la gestión interna de la institución y abre un frente político en el gobierno provincial.
El origen del conflicto se sitúa en 2024, cuando un joven solicitó una subvención para financiar obras en una vivienda rural, según ha avanzado La Nueva Crónica. Durante la tramitación, la Diputación le exigió documentación que (según la posterior sentencia judicial) no correspondía a la fase de solicitud, sino a la fase de justificación, que solo llega una vez concedida la ayuda.
La documentación exigida al interesado era el justificante del pago de la declaración responsable de las obras y una factura relacionada con la adquisición e instalación de ventanas.
La resolución provisional consideró que no había aportado la documentación requerida y fue finalmente excluido de la convocatoria. Sin embargo, este joven recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa donde obtuvo una sentencia favorable, el Tribunal de Instancia de León anuló la exclusión, reconoció su derecho a cobrar los 2.500 euros, obligó a la Diputación a pagar intereses legales y la condenó en costas.
Querella del afectado
La resolución judicial subrayó dos elementos clave, se reclamaron documentos extemporáneos, ajenos a la fase procedimental correspondiente y se elaboró un acta posterior, fechada en marzo de 2026, cuando el expediente ya estaba cerrado y el recurso judicial presentado, lo que el juez calificó como «fabricación de pruebas a posteriori» en el ámbito procesal.
Aunque esta valoración no implica responsabilidad penal, sí abrió la puerta a una querella del afectado.
Tras ganar el contencioso, el solicitante presentó una querella por presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y denuncia falsa.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, por su parte, acordó en junio abrir diligencias previas, al apreciar indicios suficientes para investigar si se produjo manipulación documental en el expediente.
Entre los elementos cuestionados figuran informes técnicos que, según el denunciante, no reflejarían la realidad de las obras; conversaciones telefónicas recogidas en un informe cuyo contenido él niega; e inspecciones posteriores que, según su versión, buscaban demostrar que la vivienda no era su residencia habitual.
Las tres investigadas (la diputada socialista y dos funcionarias) ya han declarado ante la magistrada instructora y niegan cualquier actuación delictiva, amparándose en su derecho a la presunción de inocencia.
La querella atribuye a la diputada del PSOE su posible participación por ser firmante de resoluciones y comunicaciones del expediente. No se le imputa, por ahora, una acción concreta de falsificación, sino su eventual responsabilidad en la cadena administrativa que desembocó en la exclusión del solicitante. La investigación deberá determinar si su intervención fue meramente formal o si tuvo relevancia en las decisiones cuestionadas.
El caso ha generado inquietud en la corporación provincial. Unión del Pueblo Leonés (UPL), socio de gobierno del PSOE en la Diputación, ha pedido prudencia y ha anunciado que esperará a conocer el contenido completo de las actuaciones antes de valorar responsabilidades política.
«Máxima prudencia y respeto a la Justicia, como siempre. Dicho esto, los procedimientos en la Diputación tienen que ser ejemplares y escrupulosos. Si la Justicia corrobora irregularidades en la gestión, pediremos responsabilidades con absoluta firmeza», han señalado desde el partido UPL.
Por ahora, no se han adoptado medidas internas, pero el caso se ha convertido en un foco de tensión en un mandato marcado por la necesidad de estabilidad entre los socios.
