El nuevo 'impuesto al sol' de Castilla y León levanta ampollas en el Gobierno y en el sector fotovoltaico

El nuevo impuesto a los grandes parques solares que proyecta la Junta de Castilla y León ha provocado el rechazo frontal de la patronal fotovoltaica y las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa, incluida en la reforma fiscal que acompaña a los presupuestos autonómicos para 2027, pretende ampliar la tributación ambiental a las grandes instalaciones solares, una medida que el sector considera perjudicial para la inversión y la competitividad. Mientras el Ejecutivo autonómico defiende la necesidad de compensar el impacto ambiental y paisajístico de estas infraestructuras, el Gobierno central cuestiona una decisión que, a su juicio, perjudica el desarrollo de las energías renovables.

La propuesta figura en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 13 de octubre. El texto plantea modificar el impuesto sobre la afección medioambiental, que ya grava la energía eólica o las redes de transporte, para incorporar las grandes instalaciones fotovoltaicas destinadas principalmente a vender electricidad a la red. La reforma también actualiza la tributación de los parques eólicos y amplía su ámbito a determinadas infraestructuras de telecomunicaciones.

En concreto, el nuevo gravamen contempla cuotas de entre 600 y 2.000 euros por hectárea para las instalaciones solares sujetas al impuesto. Su aplicación, sin embargo, no será generalizada, ya que el proyecto establece diferentes exenciones en función de la superficie, la ubicación y el destino de la electricidad producida.

La Junta justifica esta modificación por el impacto que las grandes infraestructuras energéticas tienen sobre el territorio. Castilla y León produce más electricidad renovable de la que consume y soporta las afecciones ambientales y paisajísticas asociadas a unas instalaciones cuya producción también se destina a otros territorios.

«Penaliza la actividad»

Este planteamiento ha encontrado la oposición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que considera el nuevo impuesto «absolutamente recaudatorio e injustificado». Su director general, José Donoso, sostiene que la medida «penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias».

Una de las principales objeciones de la patronal se encuentra en el sistema elegido para calcular el tributo. UNEF cuestiona que las empresas deban pagar en función de las hectáreas ocupadas y no de la electricidad generada, al considerar que esta fórmula no tiene en cuenta las diferencias de producción entre el norte y el sur de Castilla y León. A su juicio, las inversiones situadas en las zonas con menor rendimiento solar resultarían especialmente perjudicadas.

La organización advierte, además, de que el gravamen puede penalizar precisamente a los proyectos que han apostado por una mayor integración en el medio natural, combinando la producción energética con actividades agrícolas y ganaderas como el pastoreo, el cultivo o la apicultura.

UNEF recuerda también que los parques fotovoltaicos ya contribuyen a las arcas públicas mediante diferentes impuestos estatales y municipales. Según sus estimaciones, los ayuntamientos que albergan estas instalaciones reciben unos 10.000 euros anuales por cada megavatio instalado, una aportación que la patronal considera relevante para el desarrollo económico de los municipios rurales.

La asociación también sostiene que los proyectos han obtenido previamente informes ambientales favorables y critica que la recaudación no se destine directamente a los territorios donde se ubican las instalaciones.

La patronal también alerta de posibles consecuencias para determinadas modalidades de autoconsumo compartido, al entender que las condiciones previstas para las exenciones no abarcan todas las posibilidades contempladas en la normativa estatal. «Este es un impuesto al futuro». El representante empresarial considera que la nueva carga fiscal perjudicará las oportunidades de desarrollo económico y la competitividad asociadas a la energía solar.

A las advertencias del sector se han sumado las críticas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha cargado contra "el impuesto al sol de la Junta. «Hay quienes, al repetir los errores del pasado, oscurecen el futuro de todos. Frente a quienes aprueban un impuesto al sol, nuestra apuesta es clara: energía renovable, autóctona y asequible», dijo la ministra en sus redes sociales.

Exenciones y beneficios fiscales

Pese a las críticas, la reforma incorpora una serie de exenciones y beneficios fiscales con los que la Junta pretende favorecer determinadas instalaciones y promover inversiones en los municipios que acogen infraestructuras energéticas.

Entre las instalaciones excluidas del nuevo gravamen se encuentran, entre otros, las placas solares situadas en tejados o cubiertas de edificios y los parques fotovoltaicos en suelo que ocupen menos de cinco hectáreas.

Además, las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas disfrutarán de una exención durante el ejercicio en el que comiencen a funcionar y el siguiente ejercicio completo. En el caso de la energía eólica, este periodo supone una reducción respecto a la exención de cinco años que se había establecido anteriormente.

El proyecto también introduce deducciones para las empresas que inviertan en programas socioeconómicos y actuaciones de lucha contra la despoblación en los municipios directamente afectados por sus instalaciones. Podrán deducirse el 20 % de las cantidades destinadas a estas iniciativas, con un límite máximo del 30 % de la cuota tributaria, mediante los correspondientes convenios con las administraciones.

La reforma alcanza igualmente a los parques eólicos, cuyas tarifas, según la documentación presupuestaria, no se actualizaban desde 2012. La nueva estructura contempla importes de 14.000 euros por aerogenerador para las unidades de entre 3.001 y 5.000 kilovatios y de 16.000 euros para aquellas que superen los 5.000 kilovatios.

También se establece una bonificación para determinados parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan sus aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan el número total de molinos.