La Fiscalía rebaja de 45 a 9 años la petición de cárcel para el clan rumano acusado de explotación laboral en Valladolid

La no comparecencia de varios testigos clave en el juicio ha obligado a la Fiscalía de Valladolid a rebajar de un total de 45 años de cárcel a 9 años el conjunto de penas solicitado contra el clan rumano acusado de explotar a trabajadores en labores agrícolas en la zona de Medina del Campo. De hecho, sólo ha mantenido en el banquillo al principal encausado, Vasile C.U. y a su ya exmujer, Liliana G.U, y ha retirado cargos contra sus supuestos colaboradores, Constantin y Gheorghe, hermanos del primero.

Así lo ha anunciado la Fiscalía en la última de las sesiones celebradas desde este pasado lunes en la Audiencia de Valladolid, donde la no comparecencia de las presuntas víctimas imposibilita seguir imputando a Vasile por cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y por el de grupo criminal del que se responsabilizaba a los cuatro ocupantes del banquillo.

De este modo, la petición recogida por Europa Press, que en conjunto para los cuatro familiares se elevaba a un total de 45 años, se ha visto menguada a nueve años, de ellos cinco para Vasile, dos de ellos y multa de 2.400 euros por un delito de imposición de condiciones ilegales a los trabajadores y tres por blanqueo de capitales, así como un año y 1.440 euros para su ya expareja por el primer delito y otros dos años por el segundo, mientras que Constantine y Gheorghe han quedado fuera de la causa ya que únicamente se pedía para ellos un año por pertenencia a grupo criminal, delito que el fiscal ha retirado también.

Antes de que el fiscal y las defensas de la expareja, que han pedido un fallo absolutorio, emitieran sus informes finales, el supuesto cabecilla ha negado haber traído desde Rumanía entre 2017 y 2019 a compatriotas para someterles a explotación laboral en distintos trabajos agrícolas en la zona de Medina del Campo, ya que, como ha insistido a lo largo de su declaración exculpatoria, eran los interesados quienes llamaban a su puerta y él se limitaba a atender sus demandas, previo envío de su documentación a su asesor fiscal para que todos ellos estuvieran en regla.

El acusado ha indicado que en el periodo investigado llegó a tener a su cargo cerca de 250 temporeros, nunca más de 80 de forma simultánea, y, eso sí, ha reiterado no sólo que estaban en regla sino que incluso les pagaba en mano cada dos semanas con importes que superaban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

«Eran 6 euros en nómina y otros 2 en mano, lo que en total suponía 2 euros más de lo que pagaban otras empresas», ha destacado Vasile, quien se ha desmarcado de los 3 euros que los trabajadores tenían que pagar por su traslado a los tajos ya que tales abonos eran los que fijaban aquellas personas que se encargaban del transporte.

«Por hacerles un favor»

Pese a que daba de alta a sus operarios, el empresario ha confesado que en el caso de tres de ellos incumplió esta práctica pero únicamente «por hacerles un favor», ya que se encontraban irregulares y con mucha necesidad. «Les contraté por uno o varios días pero les advertí de que tenían que entregarme los papeles. Lo hice únicamente porque me dijeron que no tenían ni para comer y vinieron llorando», ha alegado el acusado en su defensa, a pesar de que el fiscal del caso señalara que la irregularidad laboral de los afectados se mantuvo durante mucho más tiempo.

Tras reconocer la ilegalidad de estos casos, Vasile ha apostillado que el trato laboral dispensado a los 'sin papeles' fue idéntico que el del resto de temporeros, a los que, como también ha insistido, se les proporcionaba material de todo tipo (gafas, botas en caso de lluvia, tijeras...etc) para poder realizar sus jornadas, siempre de unas ocho horas y con hora y media para almorzar. También ha negado que el alojamiento de los trabajadores en varias viviendas suyas fuera en condiciones insalubres y bajo hacinamiento, puesto que las casas contaban con suministros de agua, luz y gas y sus correspondientes camas provistas de colchón.

El empresario, pese la hipótesis defendida por el fiscal, también ha negado que constituyera «empresas pantalla» utilizando a varios trabajadores e incluso a su esposa, también acusada, para poder así realizar la contratación de trabajadores eludiendo el control del fisco, al contar con una deuda de más de 9.000 euros con la Seguridad Social.

En el caso concreto de la sociedad limitada constituida a nombre de su entonces esposa, el acusado ha relatado que lo hizo cuando comenzó los trámites de separación después de que ella le pillara en una infidelidad al leer unos whatsapp tonteando con otras mujeres. «Se trataba de dejarla al frente de una empresa para, por lo menos, poder garantizar el futuro de nuestros hijos», ha sostenido, mientras que en el caso de la sociedad creada a nombre de uno de los trabajadores, el acusado ha indicado que fue el temporero el que le pidió ayuda para constituir la mercantil y él se limitó a ayudarle y llevarle clientes, por los que percibía una comisión del 20 por ciento.

Respecto de dicho trabajador, Dumitru, quien a la postre denunció al empresario y desencadenó la denominada 'Operación Botella' desplegada por la UCRIF de la Policía Nacional, Vasile ha manifestado que fue él quien le sacó de la cárcel tras abonar a la esposa del reo 2.000 euros para pagar unos trámites ante el juzgado a fin de que pudiera pasar a tercer grado y salir para trabajar.

«Tenía que dormir en el Centro de Inserción Social (CIS) y le pasábamos a recoger para que viniera a trabajar con nosotros», ha declarado el acusado, quien sostiene que tiempo después el propio Dumitru le pidió ayuda para constituir su propia empresa con el propósito de captar a trabajadores en Rumanía para trabajos agrícolas en Medina. «Le ayudé porque ni siquiera sabía hablar español y le puse en contacto con empresarios y bodegueros. Eso sí, yo tenía que tener algún beneficio, y por eso cobraba una comisión», ha reiterado Vasile, quien durante su declaración ha advertido al tribunal que nunca ha sido sancionado por Hacienda y que tampoco ha recibido un expediente sancionador pese a que las inspecciones de la Guardia Civil en los tajos donde trabajaba su gente eran continuas.