La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos
Abogados Cristianos denuncia al delegado del Gobierno en Castilla y León por una actuación policial en Valladolid
Agentes de la Policía Nacional impidieran a su presidenta, Polonia Castellanos, acceder a una calle de la capital del Pisuerga donde se celebraba una concentración a favor del aborto, según denuncia la fundación
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal contra el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y, subsidiariamente, contra el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, después de que agentes de la Policía Nacional impidieran a su presidenta, Polonia Castellanos, acceder a una calle de la capital del Pisuerga donde se celebraba una concentración a favor del aborto, según ha informado la organización.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo, cuando se celebraron dos concentraciones de signo contrario: una contra la inclusión del aborto como derecho constitucional, en la calle Gabilondo, y otra a favor del aborto, en la cercana calle San José.
La Fundación relata, que al finalizar la primera, Castellanos intentó dirigirse al local de la asociación Refugio Provida, situado en la zona de la segunda protesta, para comprobar unas pintadas que había sufrido el establecimiento, pero varios agentes le impidieron el paso.
La organización sostiene que, en las grabaciones aportadas con la denuncia, uno de los policías explicó que Castellanos procedía de una concentración «con pensamiento diferente», mientras otros viandantes podían circular por el mismo lugar. También aseguró que los agentes descartaron que su presidenta fuera a provocar incidentes y situaron el posible origen del conflicto en los manifestantes contrarios.
Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid abrió un expediente sancionador contra Castellanos por una presunta infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, con una propuesta de multa de 601 euros. La presidenta de Abogados Cristianos presentó alegaciones el pasado 4 de noviembre y solicitó el archivo del procedimiento. En ellas negó haber increpado o desobedecido a los agentes y defendió que las grabaciones acreditan su actitud pacífica, según recoge Ical.
La Fundación consideró que los hechos podrían constituir delitos de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, impedimento de actos de culto y prevaricación, con la agravante de discriminación ideológica y religiosa. Por ello, pidió al Tribunal de Instancia de Valladolid que investigue la actuación policial, las órdenes impartidas durante el dispositivo y las posibles responsabilidades de las autoridades denunciadas.
«Es inadmisible que se impida circular a una persona por sus ideas mientras se permite pasar a otros ciudadanos y que, además, se pretenda multarla por cuestionar esa actuación. La Policía debe garantizar los derechos de todos, no restringir los de quienes piensan diferente», ha afirmado Castellanos.
