Barcelona
Ada Colau utiliza contenedores reciclados como vivienda social
El Ayuntamiento, que sólo ha edificado el 23 % de vivienda social prometida desde 2015, acaba de levantar un segundo bloque de pisos de contenedores reciclados mientras tolera y ampara la ocupación de 210 inmuebles de su propiedad
El gobierno de coalición de Ada Colau (Comunes-Podemos) con el PSC acaba de construir o acumular un segundo conjunto de contenedores reciclados que pone a la venta dentro de su estrategia de política de vivienda pública.
El primero de los bloques realizados a base de contenedores impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona data de 2019 y se ubicó en el barrio del Raval, una de las zonas más degradadas de Barcelona. El nuevo pseudoedificio se sitúa en plena zona del 22@, una de las más caras de Barcelona. El edificio realizado a base de contenedores marítimos reciclados tendrá capacidad para 110 personas. Las obras del edificio de contenedores empezaron hace unos meses y han tenido okupas en su interior, hecho que ha sido calificado por el gobierno municipal como «poco relevante».
Estos alojamientos, conocidos popularmente como pisos sardina después de que lo bautizará así el periódico The Guardian, han sido diseñados para un uso de cinco años y tras los del Raval y Glòries se prevé un tercero en Can Batlló. El gobierno Colau quiere que se extiendan a solares del resto de distritos. Por ahora, los únicos pisos habitados desde principios de 2020 son los del Raval, ubicados en la Calle Nou de Sant Francesc, que cuentan con un total de 12 viviendas para personas desahuciadas y que esperan un piso definitivo.
En Can Batlló, en el límite entre Barcelona y L’Hospitalet el proyecto de pisos contenedores es de 40 microviviendas más.
A la izquierda, algunas estancias acabadas. A la derecha, el edificio APROP del barrio Gótico durante su construcción
Objetivo fracasado: 2 % de pisos públicos
Cuando Ada Colau llegó al poder, en mayo de 2015, había un total de 6.000 pisos públicos en la Ciudad Condal, una cifra a la que el Ayuntamiento pretendía añadir cerca de 8.000 pisos más hasta 2023 para superar el 2 % del parque de vivienda pública que actualmente es del 1 %. La realidad es que en este período de tiempo se ha añadido poco más de 1.000 pisos al parque público de vivienda y quedarían 7.000 más por construir para cumplir con el objetivo impuesto a si mismo por Colau, objetivo inalcanzable en el poco más de un año que queda para acabar el mandato.
Los precios del alquiler, un 33 % de alza desde 2015
Otra casuística a la que Colau no ha podido hacer frente tras su llegada al poder en 2015 ha sido la subida incesante de los precios del alquiler en el mercado inmobiliario. De hecho, el alquiler medio mensual en Barcelona ha pasado de 734,9 euros en 2015 a 964,8 euros en 2020, casi 230 euros más, lo que equivale a un aumento del 31 % entre 2015 y 2020. A la espera de tener disponibles los datos cerrados del 2021, la tendencia al alza de los precios del alquiler vio un parón en 2020, en coincidencia con la pandemia, con una ligera caída de 14 euros de media.
Construcción de los pisos contenedores en Barcelona
Edificios municipales okupados
En este tiempo de mandato, el gobierno de Colau se ha visto envuelto en diversas polémicas por tener edificios de titularidad municipal okupados por movimientos antisistema e incluso organizaciones para el tráfico de consumo de drogas. En total, el consistorio posee 210 viviendas públicas, el 3,4 % del total del parque público, que están siendo utilizadas fraudulentamente por ocupación ilegal, por no pagar el alquiler o no tener el contrato en regla.
En el barrio del Raval es donde más problemáticas ha tenido el consistorio, con nueve pisos sociales que han sido utilizados como narcopisos. El Ayuntamiento tuvo recurrir a la fórmula del desahucio para desalojar de la manera más rápida a los infractores, una realidad que junto a otros casos representa el 0,34 % sobre el total del parque público, con 23 casos.
No siempre el Ayuntamiento ha podido desalojar con éxito a narcookupas de los edificios municipales. Hace dos años, el distrito de Ciutat Vella trató de desahuciar a una mafia dominicana que se instaló en una finca de la calle Lancanster tras montar un narcopiso, pero, a pesar a las denuncias vecinales que facilitaron la actuación de los Mossos y la Guardia Urbana tras producirse la okupación, el desahucio no se llegó a materializar ante las amenazas de los asaltantes a varios habitantes de la finca ocupada. Estas amenazas provocaron que varios vecinos asegurasen a la policía que la vivienda estaba ocupada desde hacía varios días, un relato del que la Guardia Urbana acabó dando fe en sus diligencias, sin poder llegar a realizar la expulsión inmediata.
En este sentido, en otra ocupación de dos viviendas en un bloque municipal, propiedad del Patronat Municipal de l'Habitatge, ubicado en la calle Om, y reconvertidos en narcopisos, los asaltantes llegaron a ingeniárselas con la figura de un ‘narcoportero’ para custodiar la entrada al edificio y, de este modo, favorecer la actividad ilícita de venta y consumo de drogas a turistas.
En el mismo barrio, otro caso muy llamativo fue la reokupación a finales de 2017 de un edificio en el pasaje de Sant Bernat, conocido como Residencia de Estudiantes Autogestionada (REA). Tras ser desalojado por los antidisturbios de la Guardia Urbana, dos semanas más tarde volvió a ser ocupado por una quincena de jóvenes.
No obstante, el caso más sonado de okupación es un edificio de Gràcia de tres plantas, ubicado en la calle Nil i Fabra, y que también es propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda. Lo que había sido antiguamente una comisaría de la Policía Nacional acabó siendo okupada en noviembre de 2015 por el Casal Popular Tres Lliris, que había sido desalojado meses antes por los Mossos d’Esquadra en otra finca del barrio.
A pesar de las numerosas quejas vecinales y el asalto a un edificio público, el equipo de Colau no solo no hizo nada para evitarlo, sino que llegó a sufragar las obras del interior del edificio, con casi 95.000 euros, y tolerar impagos, en 2018 y 2019, en la cuota casi simbólica que tienen que abonar ahora sus inquilinos okupas, estipulada en 665 euros anuales.
A ello cabe sumar las formas filibusteras que utilizó el Ayuntamiento para legalizar la cesión del edificio a Tres Lliris mediante la presentación de un proyecto de equipamiento juvenil, que contó con el visto bueno consistorial después de que la finca fuera okupada. Tres Lliris se constituyó en la Asociación Joves de Gracia de la noche a la mañana para regularizar su situación y así quedarse en la antigua comisaria. La cesión, producida a mediados de 2017, fue duramente criticada por no contar con ningún concurso ni consulta para que otras entidades pudieran optar al espacio.
Ahora acaba de trascender que el Ayuntamiento acaba de renovar durante cuatro años la cesión del local a pesar de que pende sobre el inmueble una orden de cierre y está afectado por otro expediente por abuso de licencia de actividad, siendo ambos procedimientos incoados por el propio Ayuntamiento.
Además de la antigua Comisaría de Gràcia, habría que sumar casi una decena más de edificios icónicos del Ayuntamiento y que en la actualidad siguen ocupados de forma ilegal. Serían Can Seixanta y Espacio del Inmigrante (ambos en el Raval), el Ateneu de l’Eixample (Eixample Dreta), Bloc 17 (Horta-Guinardó), Flor de Maig (Sant Martí), Edificio Borsí (Gòtic), Casal de Barri Ateneu l’Harmonia (Sant Andreu), Can Vies (Sants) y Hort de la Vila (Sarrià-Sant Gervasi).
Guía okupa
La práctica del Ayuntamiento en favor del movimiento okupa no es baladí, ya que recientemente fue sonada la guía explicativa que publicó a principios de año para evitar desahucios durante el estado de alarma. En ella, dedicaba un apartado a los okupas en que les enseñaba qué pasos debían seguir para poder continuar ocupando una casa y poder esquivar el desalojo.
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