Pere Aragonès y Salvador Illa en el Parlament de Cataluña
Política Lingüística de Cataluña
Las claves del pacto del PSC con el secesionismo para arrinconar el español
Los cambios en la Ley de Política Lingüística no dejan sin efecto la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano que deberá aplicarse en cualquier caso
PSC, Comunes, ERC y Junts han registrado en el Parlament una proposición de ley, que modifica algunos aspectos de la actual Ley de Política Lingüística, un texto en el que no se habla en ningún momento de porcentajes y tampoco se dice que el castellano sea vehicular en la educación. Un movimiento de socialistas, comunes e independentistas que se ha llevado a cabo sólo unos días antes de que se acabe el plazo para cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25% de castellano.
En el redactado, no se recoge que el castellano sea lengua vehicular, pero en cambio, sí se deja claro que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo», aunque eso sí, se añade que «también es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Es uno de los cambios más significativos que se introducen en el artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística, que actualmente se limita a decir que 'el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria'.
Se incluye en el redactado que «para lograr el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales, debe tener garantizada una presencia adecuada en los currículos y en los proyectos educativos del centro». ¿Y cómo se determina esta «presencia adecuada»?Según la proposición de ley, se «debe tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral, escrito de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas».
Este punto va en la línea del decreto de Currículum, que da autonomía a los centros para que adapten su proyecto lingüístico y el aprendizaje de lenguas a las necesidades de su alumnado y de su entorno. En su redactado se decía que en Primaria y en ESO los centros dispondrán de «un porcentaje de horario semanal», que gestionarán como lo crean conveniente los centros, y que «pueden dedicarse a vertebrar un proyecto globalizador y contextualizado de índole transversal y también podrán dedicarse a la resolución de esas problemáticas curriculares que el centro tenga planteadas derivadas de su entorno».
Lo cierto es que también en esta cuestión, en la política lingüística, el frente independentista está roto. La CUP no se ha sumado a esta iniciativa porque exige que el modelo de inmersión sea el monolingüismo en todos los centros. Es decir, que se destierre al castellano de las aulas ante la «regresión» que sufre el catalán. Toman como base el estudio del Síndic de Greuges, presentado esta semana, y que se ha elaborado a partir de una encuesta a estudiantes de 5º de primaria y de 3º de ESO. Los antisistema, además, apuestan por desobedecer abiertamente la sentencia del TSJC. También pedirán que esta iniciativa legislativa se tramite por lectura única, y que, por lo tanto, se acorten los plazos, para que se pueda aprobar en el pleno del mes que viene.
Aun así, estos cambios en la ley de Política Lingüística no implican que se deje sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25% de castellano. El próximo lunes acaba el plazo para que se ejecute. Y ese mismo día, desde la plataforma «Escuela de Todos» se presentará una demanda colectiva para exigir que se aplique la sentencia.
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