El consejero de Educación, Josep González-Cambray en el pleno del Parlament
Cataluña
El Govern usará la inspección educativa para controlar que los profesores no cumplan el 25% en castellano
«Si una vez hacemos el seguimiento vemos desajustes en el cumplimiento, tomaremos las decisiones oportunas», ha señalado el consejero de Educación
El consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha asegurado que la inspección educativa hará un seguimiento dentro de las aulas de las nuevas normativas, de las que ha dicho que deben servir para que no se aplique el 25% de castellano que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algo que considera que se debe a una «denuncia individual».
Lo ha señalado este miércoles en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde ha pedido que los proyectos lingüísticos de los centros educativos «sean reales dentro de las aulas». Estos proyectos deberán ser validados por el departamento de Educación para que se adapten al nuevo decreto que el Govern aprobó el pasado lunes. Un decreto que es complementario a la nueva ley del catalán pactada por ERC, PSC, Junts y los comunes –cuyo trámite está por el momento paralizado–, y que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y, además, no incluye que el castellano sea lengua vehicular.
González-Cambray ha señalado que docentes y profesionales del sector educativo y de ocio deben «hacerse responsables» de la aplicación de estos proyectos tras la sentencia del TSJC. «Un maestro no escoge la lengua en que imparte la clase, sino que lo hace en la lengua que dice el proyecto lingüístico. Ahora no está pasando y hace falta ponerle solución», ha indicado.
En este sentido, González-Cambray ha explicado que la inspección educativa hará un seguimiento de que se cumpla lo aprobado. «La fiscalización no me gusta, pero si una vez hacemos el seguimiento vemos desajustes en el cumplimiento, tomaremos las decisiones oportunas», ha apuntado al respecto. Asimismo, preguntado por si las instrucciones suponen una desobediencia a la sentencia del TSJC, ha sostenido que se da respuesta y se cumple la legalidad de las leyes del Govern.
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