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La Generalitat exige al TSJC que declare la «imposibilidad legal» de aplicar la sentencia del 25% de castellano
El Govern alega que el decreto aprobado este lunes supone un nuevo «marco legal» que impide la ejecución de la misma
El Govern aprueba un decreto para fijar la «inaplicación» de porcentajes en la enseñanza de las lenguas
El Govern de la Generalitat ha exigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de español en las escuelas catalanas, alegando que el decreto que aprobó este lunes supone un nuevo «marco legal» que impide su ejecución.
Así lo recoge el escrito que ha remitido el gabinete jurídico de la Generalitat ante el TSJC en el que el gobierno autonómico argumenta que tal decreto –que fija de forma explícita la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza– es «incompatible» con la parte de la sentencia del Tribunal Supremo que establece que se debe garantizar al menos un 25% de horas lectivas en castellano.
Asimismo, el Govern defiende que la manera de asegurar la mayor efectividad de esta sentencia es «que se aprueben los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos».
La sentencia del TSJC señalaba que el consejero de Educación catalán, Josep González Cambray, debía dictar «las instrucciones procedentes a los efectos que los centros educativos de educación infantil, primaria y segundaria sostenidos con fondos públicos garanticen el derecho de todos los alumnos a recibir la educación mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en porcentajes que no pueden ser inferiores al 25 %». La fecha límite establecida para cumplirlo era este martes 31 de mayo.
Sin embargo, el Govern aprobó ayer lunes un decreto-ley que no fijaba ningún porcentaje, ni se incluía que el castellano sea una lengua vehicular. Además, recogía que sea el «departamento de Educación el que asuma toda la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos». Se trata de un decreto complementario a la nueva ley del catalán pactada por el PSC, ERC, Junts y los comunes, y cuyo trámite está por el momento paralizado al pedir Vox, el PP y Ciudadanos un dictamen sobre la legalidad de esta ley al Consejo de Garantías Estatutarias.
Esta mañana Vox y Ciudadanos han pedido que se aplique el artículo 155 en Cataluña ante el rechazo del gobierno autonómico a cumplir la sentencia, y el PP, por su parte, se ha mostrado dispuesto a recurrir la ley del catalán con la formación naranja ante el Tribunal Constitucional.
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