La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la presidenta de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, durante la presentación de la iniciativa
Cataluña
La Generalitat y Comunes pactan una ley para reconvertir oficinas y hoteles en vivienda protegida y crear hasta 20.000 nuevos pisos
La iniciativa permitirá también aumentar la edificabilidad, dividir viviendas y transformar locales comerciales en VPO en los municipios con el mercado residencial tensionado
El gobierno de la Generalitat y Comunes han sellado un nuevo acuerdo en materia de vivienda con una propuesta de ley que aspira a incorporar entre 15.000 y 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los próximos cuatro años. La iniciativa, que ambos grupos registrarán el lunes en el Parlament, plantea flexibilizar la normativa urbanística para facilitar la conversión de oficinas, hoteles, locales comerciales y otros inmuebles en vivienda protegida, además de permitir aumentar la edificabilidad o dividir inmuebles para ganar nuevos pisos.
La propuesta forma parte del pacto presupuestario alcanzado entre el PSC y los Comunes para las cuentas de 2026 y se tramitará por el procedimiento de urgencia extraordinaria, con el objetivo de que pueda entrar en vigor antes de que finalice el año.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido que la norma pretende aprovechar espacios que hasta ahora no podían destinarse a uso residencial para incrementar el parque público de vivienda. Según ha explicado, todas las viviendas que se generen al amparo de esta ley tendrán protección oficial permanente y deberán destinarse exclusivamente a residencia habitual, quedando excluidas del alquiler turístico y del alquiler de temporada.
La líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha presentado la iniciativa como una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda y ha lanzado un mensaje al sector privado, al que ha reclamado implicación para ampliar el parque de vivienda asequible.
Oficinas, hoteles y locales convertidos en VPO
Uno de los cambios más relevantes permitirá transformar en vivienda protegida edificios de oficinas, hoteles o aparcamientos en altura, así como suelos donde estaba prevista la construcción de este tipo de equipamientos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. En estos casos, al menos la mitad de la superficie edificada deberá destinarse a VPO.
La ley también abrirá la puerta a convertir locales comerciales de planta baja en viviendas protegidas, aunque esta posibilidad dependerá de la autorización de cada ayuntamiento, que podrá limitar estos cambios para evitar la pérdida de actividad comercial en determinadas zonas.
El texto incorpora otras medidas destinadas a aumentar la oferta residencial. Entre ellas figura la posibilidad de incrementar hasta un 20% la edificabilidad en determinados desarrollos urbanísticos siempre que ese aumento se destine íntegramente a vivienda protegida.
Asimismo, podrán añadirse nuevas plantas en edificios que ya hayan agotado la edificabilidad permitida, siempre que aún dispongan de margen de altura y no superen la cota de los inmuebles colindantes. Otra de las novedades será la posibilidad de subdividir viviendas de gran tamaño para crear nuevos pisos protegidos. La medida también afectará a despachos profesionales que puedan reconvertirse en uso residencial.
Además, la futura ley flexibilizará algunos requisitos urbanísticos para construir viviendas protegidas en parcelas que actualmente no cumplen las condiciones mínimas de edificación y facilitará la transformación de antiguas colonias textiles en nuevos espacios residenciales.
Medidas temporales en 270 municipios
La normativa tendrá una vigencia inicial de cuatro años y será de aplicación en los cerca de 270 municipios catalanes declarados como zonas de mercado residencial tensionado o de fuerte demanda de vivienda. No obstante, los ayuntamientos podrán decidir, mediante acuerdo plenario y de forma motivada, no aplicar algunas de estas medidas en todo o parte de su término municipal. El Govern elaborará un informe de seguimiento cada dos años para evaluar el impacto de la norma y no descarta prorrogarla otros cuatro años si persiste la situación de emergencia residencial.
Para que la proposición salga adelante, PSC y Comunes necesitarán el respaldo de otros grupos parlamentarios. Paneque se ha mostrado convencida de que ERC apoyará el texto al considerar que comparte el objetivo de incrementar el parque de vivienda protegida, aunque se ha mostrado abierta a introducir cambios durante la tramitación parlamentaria.
